La crónica negra lo bautizó como el ‘crimen perfecto’. En 2008, María Ángeles Molina , ‘Angie’, mató a su amiga Ana Páez y simuló que había fallecido asfixiada en lo que parecía un juego sexual. La asesina suplantó la identidad de la víctima para contratar préstamos y seguros de vida en diversas entidades bancarias de Barcelona, por valor cercano al millón de euros. La Audiencia Provincial le impuso 22 años de prisión, que el Supremo rebajó a 18 y por los que aún cumple condena en el penal de Mas d’Enric. Netflix tenía previsto estrenar este jueves, 1 de mayo, la docuserie sobre el suceso pero, por orden de un juzgado de Tarragona, ha decidido «pausar su lanzamiento» .La decisión, avanzada por ‘El Periódico’ y confirmada por la propia plataforma a este diario, llega después de que Angie solicitase su paralización cautelar , al alegar que en la producción se han incluido imágenes personales, previas al crimen, que no habrían contado con su consentimiento. Tras la decisión judicial, Netflix no sólo ha cancelado su estreno, sino que también ha retirado los tráileres ya publicados en Youtube y la ficha de ‘Angi: Crimen y mentiras’ de su catálogo. Pero Molina , que fue detenida por los Mossos hacen unas semanas , cuando disfrutaba de un permiso penitenciario, acusada de planear un nuevo crimen , no es la primera condenada por asesinato que recurre a la vía judicial para tratar de frenar una serie sobre el crimen perpetrado. Sin salir de Cataluña, Rosa Peral , que cumple 25 años de cárcel por matar a su pareja, también solicitó cautelares para que Netflix no emitiese ‘El cuerpo en llamas’, al entender que la ficción vulnera la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad tanto de ella, como de una de sus hijas, menor de edad. Aunque en su caso un juzgado de instancia rechazó paralizar el estreno -aunque luego la Audiencia Provincial le dio la razón -, ahora Peral reclama 30 millones de euros a la productora , a razón de un euro por cada hora reproducida de la serie para su hija, y otros diez céntimos más para ella. Cuando se interpuso la demanda la ficción se había reproducido 26,6 millones de horas en todo el mundo -una media de 3,32 millones de horas al mes-. Al respecto, su abogada subraya que la condenada por el crimen de la Urbana -víctima y homicidas eran policías de este Cuerpo- nunca cedió sus derechos de imagen y que la serie, protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez -este último en el papel del otro condenado por el asesinato, Albert López-, podría haberse realizado sin involucrar a la menor. La vista por dicha reclamación tenía que haberse celebrado el pasado marzo, pero se aplazó a petición de la Fiscalía , que considera que al ser el padre quien ostenta la custodia de la pequeña, corresponde a este decidir si reclama en su nombre. Noticia Relacionada Contra Netflix estandar Si La juez aplaza la vista por la demanda de Rosa Peral porque la custodia la ostenta el padre Elena Burés A petición de la Fiscalía, el juzgado de Vilanova da diez días al progenitor para que se pronuncie respecto a la reclamación por vulneración de derechos con la serie ‘El cuerpo en llamas’En otras ocasiones, no han sido los victimarios sino las víctimas las que han reclamado la paralización de una producción sobre el crimen. Fue el caso de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz , quien, al enterarse de que una productora preparaba un documental con la asesina de su pequeño , Ana Julia Quezada , rogó que no se llevase a cabo. Quezada, que por entonces era pareja del progenitor del niño, lo mató en Almería en 2018. Ocultó su cuerpo y luego, junto a los padres y centenares de voluntarios, participó en las tareas de búsqueda, cuando aún se le daba por desaparecido. Fue la propia Ramírez quien hizo público que la asesina de ‘el pescaíto’, condenada a prisión permanente revisable, había cobrado por hablar con periodistas desde la prisión de Brieva (Ávila). Finalmente, tras su denuncia, el proyecto quedó paralizado. Noticia Relacionada Anagrama paró la distribución estandar No La Audiencia de Barcelona da luz verde a la publicación del libro de Bretón Elena BurésTambién otra madre, Ruth Ortiz , recurrió a la Justicia para evitar que la confesión del asesino de sus pequeños viese la luz. En este caso, en forma de libro. ‘El odio’, de Luisgé Martín , en el que José Bretón admite, por primera vez, haber matado a sus hijos, Ruth y José. Ante la petición de amparo de la progenitora, Anagrama suspendió su distribución de forma indefinida. A posteriori, fue la Fiscalía la que reclamó que la obra no viese la luz . Aunque su publicación contó con doble aval judicial, la editorial acabó por renunciar y extinguió el contrato con el autor, que ahora vuelve a ser propietario de los derechos. Al respecto, ayer, el Ministerio de Igualdad indicó que valoraba impulsar una reforma del Código Penal para prohibir a condenados por crímenes de violencia vicaria , como Bretón -aquellos que asesinan a sus hijos para causar el máximo daño posible a sus progenitores-, difundir información de sus crímenes en medios de comunicación o editoriales. Lo cierto es que el denominado ‘true crime’, la crónica negra llevada a la pequeña pantalla, lleva años en auge. Volviendo a las plataformas, HBO Max se hizo eco del caso Sancho , el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en agosto de 2023 en Tailandia. Netflix hizo lo propio con ‘El caso Alcàsser ‘, ‘El caso Asunta ‘, o el de Rocío Wanninkhof . Series o documentales que suelen situarse entre las producciones más vistas de la plataformas.
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