La juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre, con 228 muertos, ha calificado de «absurda» la explicación oficial del Gobierno de Carlos Mazón sobre las desconexiones que sufrieron quienes seguían por videoconferencia la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la tarde de la barrancada.En un escrito aportado en marzo a la causa abierta por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia, Emergencias de la Generalitat indicó que no hubo recesos en el encuentro, pero sí «un momento concreto» en el que se produjo «un periodo de trabajo exclusivamente presencial» .Un tiempo -alrededor de una hora, entre las 18 y 19h- en el que no se contó con quienes seguían la reunión de forma telemática -la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, entre ellos- y durante el que «los técnicos presentes» valoraron «las posibilidades de comunicación a través de medios masivos a la población».Sin embargo, en un auto dictado este jueves y consultado por ABC, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja subraya que «se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo exclusivamente presencial».«Absurda porque es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo», asevera la magistrada.Así se expresa la instructora en un escrito en el que desestima el recurso de reforma presentado por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud contra la decisión de la propia instructora de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y a cargos de Emergencias de la Generalitat : el director, Alberto Martín; el subdirector, Jorge Suárez; y la jefa de servicio, Inmaculada Piles.Sobre estos tres últimos, afirma que la atribución de un resultado mortal de tal gravedad «no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica».Noticias relacionadas estandar Si La delegada del Gobierno reconoce que la CHJ «no le comunicó nada» sobre los desbordamientos por la dana Toni Jiménez estandar No Consum cerrará sus supermercados en alerta roja: así actuará ante temporales como la dana Alba Pérez EspadaUna determinación que se incluía en el auto del 10 de marzo, en el que sí imputó a la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas , como «mando único» de la crisis y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso , al resultar «evidente la posición de garante, el conocimiento de la situación, y la manifiesta pasividad» en la que incurrieron «en la alerta a la población». Sobre Argüeso, pese a ser conocedor de sus funciones y de la evolución de la dana, la instructora critica que «no consta más participación que la remisión de mensajes, algunos a través de chats, y que tuvieron algunas respuestas que producen auténtico estupor».Como ya indicó en otro de sus escritos, de las declaraciones de ambos en sede judicial se extrae que el Cecopi parecía «una burbuja aislada del mundo exterior» , aunque «no era así», pues «entraban y salían de la sala» y se comunicaban con otras autoridades.La juez hace referencia así a la testifical de un técnico que participó en el envío del mensaje ES-Alert . Una comparecencia que «confirma que en todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta» por parte de Pradas. «Sólo podía llevarse a cabo si la misma contaba con la autorización de quien era consellera, que el mando de la emergencia le correspondía a dicha investigada, de lo que es buena prueba que la alerta debía contar con su visto bueno», señala.«Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema ES-Alert», agrega.«No procede atribuir responsabilidad penal» a la CHJEn cuanto al presidente de la CHJ, señala que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye «resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH -Sistema Automático de Información Hidrológica-, así como por la posibilidad de acceso al mismo», por lo que «no procede atribuir responsabilidad penal» ni a Miguel Polo «ni a prácticamente todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo».Al respecto, el auto incide en que -más allá del polémico correo de las 18:43h sobre la brutal crecida de la rambla que no llegó al Cecopi- el SAIH ofreció datos sobre el caudal a través de una aplicación que disponía el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
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