La legislatura avanza a trompicones parlamentarios, como ha vuelto a quedar de manifiesto esta semana con la apurada aprobación del decreto sobre los aranceles , gracias a la abstención de los cuatro diputados de Podemos y el sorprendente voto a favor de UPN. Y el plazo para cumplir con el compromiso central del pacto de gobierno con el socio de coalición, Sumar, el de abordar en el presente año la reducción de la jornada laboral semanal de cuarenta a 37,5 horas, se empieza a agotar. El Consejo de Ministros aprobó el martes la remisión a las Cortes del proyecto de ley, tal y como dio a conocer ese mismo día la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , quien no dudó en apelar al Partido Popular (PP) para su aprobación. Lo hizo trayendo para ello a colación lo ocurrido hace tres años con la reforma laboral, que su departamento pactó con los sindicatos y la vicepresidenta de la CEOE, la exministra de Trabajo en el Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez. Díaz se apoyó en el voto en contra del PP (salvo el célebre error del diputado Alberto Casero, que permitió a la postre la aprobación de la norma) para pedir ahora a Alberto Núñez Feijóo su apoyo. Nada dijo, en cambio, de otros votos en contra que recibió aquella reforma, singularmente los de socios del Gobierno como PNV, ERC y Bildu, estos dos últimos tras un fracasado proceso de negociación que enturbió seriamente sus relaciones con Díaz. Ahora, y ante una iniciativa, la de reducir a 37,5 horas la jornada laboral semanal, a la que parte del Gobierno ya ha puesto algún reparo –en especial el ministro de Economía, Carlos Cuerpo– y cuyo hipotético fracaso es una eventualidad que no se puede descartar, teniendo en cuenta los equilibrios en el arco parlamentario, la Moncloa ha decidido desentenderse o inhibirse, para dejar que Díaz lidere en solitario la negociación con los grupos. Noticia Relacionada estandar Si Junts exigió a Cuerpo garantías de que cumpliría antes de votar el plan anti aranceles Paloma Esteban Nogueras habló con el ministro y después con el secretario de EstadoJunts, claveComo siempre desde que comenzó la legislatura en agosto de 2023, el voto de los siete diputados de Junts per Catalunya, controlados desde fuera de España por el prófugo Carles Puigdemont, se antoja imprescindible. Y los portavoces del independentismo conservador ya han dejado claro que su respaldo no está ni mucho menos garantizado. La dirigente en Madrid de la formación, la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras, ha llegado a descalificar una propuesta a su juicio pactada con el «’lobby’ sindicalista español», un término que no ha sentado precisamente bien en el Gobierno. El Ejecutivo, además, tiene bien presente el ‘feedback’ que recibe de las organizaciones empresariales, que no es precisamente óptimo para abordar el proyecto. Entre otras cosas porque esas 37,5 horas ya se aplican para muchos sectores, como contempla la negociación colectiva. Y a nadie se le escapa el ascendente de esas organizaciones, algunas de ellas muy fuertes y asentadas en Cataluña, sobre Junts. Cunde el temor en el Ejecutivo a una pinza entre la oposición y los independentistas: «Lo de Junts no es un paripé»Así las cosas, dejan que Díaz lidere la negociación para una oportuna cura en salud por lo que pudiera pasar. Y mientras se gana tiempo, pues ni siquiera está garantizado que el proyecto salido ahora de la mesa del Consejo de Ministros pueda llegar al Congreso de los Diputados para el siguiente periodo de sesiones, justo después de las vacaciones de verano. La sensación esta semana en los pasillos de la Cámara Baja era que los ministros socialistas ponían tierra de por medio con una ley que, según hablaban de ella, parecía solo firmada por la mitad del Ejecutivo. En el Grupo Parlamentario Socialista sucedía exactamente lo mismo, con importantes diputados reconociendo fuera de micro las serias dificultades que afrontará la norma en su tramitación parlamentaria. El Gobierno cuenta con la segura oposición de PP y Vox. Pero es que en una medida tan ideológica, que los empresarios contemplan, como mínimo, con serios recelos, no se puede obviar una realidad: en el Congreso hay actualmente una mayoría de 184 diputados de derechas.La enmienda a la totalidad de los separatistas no invita al optimismo: sus votos, junto a los de PP y Vox, condenan la leyDe ahí que esta vez los mensajes de Junts , siempre dispuesto a mostrarse –con permiso de Podemos– como el negociador más duro de la amalgama de partidos que sostienen a Pedro Sánchez en el poder, se tomen muy en serio en el Gobierno de coalición. «Lo de Junts no es un paripé», sintetizaba sin cortapisas un ministro de la cuota del PSOE, muy preocupado con la posibilidad real de que la norma emanada esta semana del Palacio de la Moncloa haya nacido muerta. «Está muy complicada la cosa», complementaba en privado un destacado diputado de la bancada socialista. Ayuda, sí, pero…Mientras en Sumar se esfuerzan por mantener una grieta abierta a la esperanza e insisten en que hay margen para la negociación, en el PSOE, sea por curarse en salud o sea por falta de entusiasmo por la medida, se traslada un mensaje de un pesimismo casi irreconducible. Tres ministros socialistas cuestionados por este asunto despejan la negociación al escritorio de Díaz. Afirman que ayudarán en lo que puedan, pero subrayan que es una medida que corresponde liderar a Sumar y, más concretamente, al Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno.Fuentes del Ejecutivo destacan, además, la fuerte influencia del mundo empresarial en Junts –no hay más que escuchar el discurso de Nogueras– y añaden: «Y la patronal catalana está en contra». Si el PP, Vox y Junts se mantienen en el no, los 177 diputados que suman entre los tres condenan la reducción de la jornada laboral al fracaso porque superan la mayoría absoluta sin necesidad de más partidos. El Gobierno podría tantear la abstención de los independentistas, pero estos ya han anunciado el registro de una enmienda a la totalidad de devolución que, de prosperar, haría que la ley regrese al Consejo de Ministros sin permitir que continúe su tramitación.También podría volver a intentarlo con el PP, aunque el precedente de esta semana con el decreto antiaranceles, una medida mucho menos ideológica, no invita al optimismo. Menos aún cuando esa negociación ha recaído en el ministro Cuerpo, al que, a diferencia de otros, incluso los populares reconocen su talante negociador y la información que les ha dado desde el principio. La relación con Trabajo, llegado el caso, no sería tan sencilla como con Economía.
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