La historia que cuentan las cifras es que Hacienda amasó el año pasado una recaudación de más de 39.000 millones de euros por los pagos de las empresas en el Impuesto de Sociedades, unos ingresos extraordinarios que rozaron los niveles récord de los años de la burbuja inmobiliaria. La historia que cuentan los informes de la Agencia Tributaria es que ese récord, que los expertos creían imbatible, podría haberse pulverizado si no llega a ser por la anulación por parte del Supremo de un conjunto de medidas cuya suspensión restó 1.300 millones a la recaudación. El Gobierno se ha apresurado a restaurarlas en 2025.Pero hay otra cara en esa historia. Las empresas españolas acumulan en sus balances derechos fiscales por las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, por deducciones no aplicadas y por otros factores que les hubieran permitido dejar prácticamente a cero la recaudación de Sociedades del año pasado, pero que Hacienda les impide utilizar en su totalidad para impedir un terremoto recaudatorio. Los datos se acaban de actualizar. Las empresas acumulaban al cierre del ejercicio de 2023 (el de 2024 se liquidará este año) derechos fiscales sin utilizar por valor de 39.310 millones.La huella de la gran crisisLa mayor parte, cerca de 24.000 millones, tiene su origen en los años de la gran crisis financiera. Es decir, que tres lustros después de ese episodio, miles de empresas aún no han podido compensar en sus pagos al Fisco el volumen de pérdidas que sufrieron.Puede parecer una anomalía, pero hay situaciones peores. Según la información oficial todavía hay 9.571 millones de pérdidas pendientes de descontar previas a 2007. El encadenamiento de crisis se señala como una de las posibles causas, ya que es posible que las empresas de muchos sectores no hayan tenido beneficios suficientes para bajar esa bolsa.Una parte no irrelevante de la responsabilidad de esta situación reside en el marco regulatorio , y hunde sus raíces en 2016. Con la economía española ofreciendo los primeros síntomas de recuperación tras varios ejercicios al borde del KO, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vislumbró lo que se le venía encima. Noticia Relacionada Anulada por el TC estandar No Montero restaura por la vía rápida la reforma de Sociedades del PP para evitar un roto millonario Bruno PérezLas empresas acumulaban una millonada en créditos fiscales por las pérdidas de la crisis, que de utilizarse en su totalidad podrían dejar tiritando la caja del Estado. Con los objetivos de consolidación fiscal acordados con la UE por cumplir, Montoro tomó una decisión : limitar el porcentaje de créditos fiscales que las empresas podían aplicar.A las alrededor de 2.000 grandes empresas que generan la mitad de la recaudación del impuesto se les limitó al 25% la aplicación de bases imponibles negativas procedentes de años anteriores; a las de mediano tamaño, a un 50%; y solo a las más pequeñas (facturación de menos de 20 millones) se les permitió descontarse el 70% de la base imponible.La medida logró sostener la recaudación de Sociedades en los años siguientes, pero a cambio generó un embalsamiento de derechos sin utilizar que llegó a rondar los 50.000 millones y que aún hoy supera los 39.000. Hay un factor adicional, como recuerda el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno: estos derechos no caducan.Un riesgo a futuroEl año pasado mostró el riesgo que para la caja del Estado puede tener ese embalsamiento de derechos fiscales. La suspensión por sentencia del Supremo de los límites impuestos por Montoro a la compensación de pérdidas en el Impuesto de Sociedades provocó que en un solo ejercicio se desembalsaran cerca de 1.700 millones de créditos por utilizar, según admite Hacienda, lo que provocó la mayor reducción de la cartera acumulada de créditos fiscales en años.El Gobierno se ha apresurado a restaurar la medida por la vía rápida desde principios de este año, pero hay causas abiertas en los tribunales que consideran que esa medida no se ajusta a la Constitución y que amenazan con arramblar de forma definitiva con las restricciones impuestas en 2016 y de paso comprometer la recaudación del Estado. De prosperar esos procedimientos judiciales el riesgo para las arcas públicas de que las empresas empezaran a aplicarse esos créditos acumulados de forma masiva sería muy elevado.
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