Los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo han pedido este lunes al presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, que suspenda la tramitación de los recursos contra la ley de amnistía (el primero que se va a abordar es el del Grupo parlamentario Popular) para estudiar antes la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el escrito, al que ha tenido acceso ABC y que ha sido entregado al presidente, los tres magistrados del sector conservador piden abordar el debate «acerca de la pertinencia de proceder al planteamiento de cuestión prejudicial o, en su caso, a la suspensión del futuro señalamiento para deliberación, votación y fallo, del recurso de inconstitucionalidad o no de la ley (…)» hasta que el TJUE dicte sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que otros tribunales, como el TSJ de Cataluña, el Tribunal de Cuentas o la Audiencia Nacional han planteado ante Luxemburgo. Y ello, alegan, dada la «homogeneidad existente entre las dudas planteadas» a Luxemburgo y el objeto del recurso de inconstitucionalidad que Conde-Pumpido pretende resolver antes del verano. «La solicitud que le trasladamos -añaden- tiene su fundamento en el informe que adjunto se acompaña al presente escrito y en el anexo en el que se sintetiza el contenido de las diferentes cuestiones prejudiciales que sobre la Lev se amistía penden ante el TJUE», apuntan. Los magistrados recuerdan que el TC está tramitando dieciséis recursos de inconstitucionalidad y seis cuestiones de inconstitucionalidad que imputan a la ley de amnistía «distintas violaciones de nuestra Carta Magna». De forma paralela, ya hay cuatro cuestiones prejudiciales admitidas por el TJUE que han sido «remitidas por sendos órganos jurisdiccionales españoles mediante las que cuestionan directamente la compatibilidad de la ley con el derecho de la Unión».»Es necesario por lo tanto examinar si el hecho de que varios órganos judiciales españoles se hayan dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteando distintas cuestiones prejudiciales sobre la ley de Amnistía puede suponer un obstáculo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta norma, sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia, o, en su caso, si el propio Tribunal Constitucional está obligado a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia preguntando sobre la conformidad de dicha norma con el Derecho de la Unión».Alertan, además, de que aun en el caso de que el TC avalara la constitucionalidad de la ley, no se podría aplicar de forma inmediata a los líderes independentistas, pues la «aplicabilidad de la norma nacional está condicionada a que el TJUE, al responder a las cuestiones prejudiciales pendientes, declare que la ley respeta el derecho de la Unión».
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