España se enfrenta a un fenomenal problema de acceso a la vivienda , y al parecer lo hace con el peor marco fiscal posible . Ya no es solo que la cascada de una decena de impuestos que caen a plomo sobre los activos inmobiliarios encarezcan hasta un 26% su precio de mercado sino que la deriva de la fiscalidad de la vivienda hace cada vez menos atractiva la inversión en un bien que a día de hoy representa el 70% de la riqueza de las familias en España, diez puntos más que la media europea.«No se puede hablar de un modelo, lo que hay es una utilización de la fiscalidad de la vivienda como un instrumento recaudatorio », ha advertido este martes el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el laboratorio de ideas y servicio de estudios de la CEOE, Gregorio Izquierdo, en la presentación de un informe elaborado a partir de una metodología de la OCDE que concluye que en España el 44% de los rendimientos derivados de poner una vivienda en alquiler acaba en las arcas de la Administraciones Públicas.Noticia Relacionada estandar No El Gobierno lanza un perte para construir viviendas en serie: 15.000 al año Anuncia una inversión de 1.300 millones de euros en la próxima década para industrializar el proceso de edificaciónUn desincentivo tremendo en un país que ya presenta dificultades para incrementar su oferta de vivienda en alquiler por las medidas regulatorias instauradas por el Gobierno en los últimos años. A esta sustracción de rentabilidad de los arrendatarios que denuncia el informe del IEE se suma que España presenta el marco fiscal europeo menos competitivo para la tenencia de vivienda en propiedad por la sobrecarga de impuestos, sin paragón en otros países, que soportan los activos inmobiliarios y que, de nuevo, hace que más de una tercera parte de las ganancias por disponer de un activo de esta naturaleza acabe en las arcas de Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales.España emerge como el país europeo y el segundo de la OCDE con una mayor carga fiscal sobre los rendimientos netos de la vivienda en propiedad (un 30%) y también como uno de los que más grava los rendimientos del alquiler (un 44%), lo que lastra su posición competitiva a la hora de atraer capitales en en un momento clave, en el que como señaló el presidente del IEE y exsecretario de Estado de Economía en el gabinete Mariano Rajoy, Íñigo Fernández de Mesa, no se debería prescindir de ninguna fuente de financiación si se quiere atender una demanda, que, en los próximos años, va a exigir la construcción de 2,2 millones de vivienda y una inversión de 380.000 millones de euros de inversión. Criticaron en este sentido los ataques a las socimis.Una política difícil de entender«Es difícil de entender que un bien de primera necesidad esté tan tremendamente penalizado desde el punto de vista fiscal », ha recalcado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, en el acto de presentación de este informe celebrado este martes en Madrid. «Y más aún que habiendo un problema de escasez de oferta en el mercado la solución que se pretenda sea gravar aún más ese bien».Según el informe, semejante carga fiscal genera lo que denominan un ‘efecto cerrojo’, que inhibe la puesta de viviendas en el marcado por parte de los propietarios ante la expectativa de recorte de rendimientos.El informe pone sobre la mesa datos que ilustran el círculo vicioso edificado en torno a la fiscalidad de la vivienda. La tenencia de vivienda está gravada, en las diferentes fases del proceso, por una decena impuestos , el IRPF, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el AJD, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones, el IBI, la Plusvalía municipal y el ICIO, y ello sin contar las tasas municipales que puedan estar asociadas a la tenencia de vivienda como la nueva tasa de basuras. Ello provoca que los activos inmobiliarios generen una recaudación fiscal de 52.000 millones de euros al año, equivalentes al 3,5% del PIB y al 18% de la recaudación total por impuestos de España, mientras que sin embargo el retorno en forma de gasto público ni siquiera llega al 1% del PIB, pese al grave problema de acceso a la vivienda.
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