La ofensiva del Ministerio de Consumo contra Airbnb se recrudece. Esta mañana, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado que impone el bloqueo de 65.935 anuncios de pisos turísticos que califica de «ilegales». Es el último capítulo de una guerra que empezó en junio del año pasado con un requerimiento de información y continuó en diciembre con un expediente sancionador, después de que la multinacional estadounidense no retirara de su plataforma esas viviendas que estarían publicitándose de forma ilegal. Hace ya meses que el Ministerio trata de bloquear esos anuncios. De hecho, aseguran haber remitido a la compañía hasta tres resoluciones en las que se le notificaba la existencia de esa irregularidad. Si finalmente hoy llega esta instancia formal a través de la Dirección General de Consumo probablemente sea porque el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció con un auto que avala esas actuaciones. Precisamente, fue la plataforma que inició la vía judicial para tratar de evitar el bloqueo de los anuncios, y lo que se ha encontrado es un pronunciamiento -el pasado viernes- que, a cuenta de una primera resolución, avala la retirada de 5.800 anuncios de viviendas ubicadas no solo en la Comunidad de Madrid, también de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Bien es cierto que un auto no es una sentencia, pero aun así da argumentos al departamento que dirige Pablo Bustinduy. Noticia Relacionada estandar Si Comienza la batalla de la reventa con la histórica gira de Bad Bunny: de 150 a 1.900 euros nacho serrano Varios expertos analizan el panorama al que se enfrentan los que siguen buscando tickets para sus conciertos en EspañaExactamente, Consumo asegura haber detectado tres irregularidades. La más recurrente -sobre los anuncios que han sido investigados- es la no inclusión del número de licencia o registro, extremo que es de obligación en varias normativas autonómicas. A su vez, habría anuncios que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores -si son profesionales o particulares-, un hecho que, no hay que olvidarlo, resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. La lista de infracciones sigue y termina con la localización entre los anuncios analizados de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Paralelamente, desde el Ministerio aseguran que están trabajando en actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y niveles de la Administración y que les han ofrecido asistencia técnica, entre otras cosas «para que pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados», se lee en la nota. Como ya se ha avanzado, la ofensiva contra Airbnb empezó el pasado mes de junio, cuando el Gobierno dio a conocer que había requerido a cierta plataforma -todavía no se conocía el nombre, aunque era fácil sospechar de cuál se trataba- información sobre miles de anuncios que estaban siendo publicitados sin licencia, además de incurrir en otros incumplimientos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La multinacional estadounidense no hizo lo que se le solicitó, de ahí el expediente sancionador, que seguirá su curso al margen de la medida anunciada hoy y podría terminar con varias multas de hasta 100.000 euros o una cantidad que se calcula multiplicando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Una vez más, el ministro Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- ha hecho uso de la capacidad que tiene para vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores, atribución que tiene desde 2022, merced a una reforma legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez que se arrogó una competencia que hasta entonces solo poseían las comunidades autónomas.
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