Mazón recurrirá ante el Constitucional el reparto de menas impuesto por el Gobierno

El Gobierno de Carlos Mazón presentará este martes un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, que regula el reparto de menores migrantes no acompañados desde territorios como Ceuta o Canarias a otras comunidades autónomas, al considerar que la norma «impone estas cargas de manera unilateral sin ofrecer diálogo ni recursos ».Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Caramero , durante la atención a medios posterior a la reunión del pleno del Consell, en el que también se ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.Tal y como ha subrayado Camarero, desde el Consell denuncian que la norma «vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana» en materia de asistencia social y protección de menores, además de quebrantar los principios de cooperación institucional, lealtad Constitucional y colaboración .Noticias relacionadas estandar Si La Generalitat Valenciana denuncia la «imposición» del Gobierno en el reparto de menores migrantes David Maroto estandar No El Gobierno valenciano ve «inviable» acoger 500 migrantes menores y lo tacha de «atraco» ABCPor otra parte, también ha apuntado que quebranta el principio de autonomía financiera por obligar a la Generalitat a asumir un gasto que no ha sido previsto en sus presupuestos, ni acompañado de una dotación financiera estatal «adecuada para atender a los menores». «El decreto obliga a las comunidades autónomas a acoger y atender a estos menores, pero no prevé ni un solo euro para hacerlo», ha añadido.La vicepresidenta también ha recordado que el pasado 1 de abril el Consell ya autorizó a la Abogacía a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley y solicitar al Consell Jurídic Consultiu la emisión del preceptivo dictamen.Además, el Consell considera «injustificable» regular por decreto ley estas competencias puesto que « afectan a derechos y deberes fundamentales », recogidos en el Título I de la Constitución; y también critica la «falta de diálogo institucional».