El Tribunal Supremo ( TS ) ha ofrecido al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez declarar voluntariamente en la causa abierta por presunta financiación ilegal de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), como paso previo a que el organismo inicie los trámites para solicitar al Parlamento Europeo la autorización necesaria para dirigir las pesquisas en su contra.En un auto, el instructor de esta causa, el magistrado Julián Sánchez Melgar, acuerda incoar diligencias previas contra Alvise y el empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales. Fue el pasado abril cuando la Sala de lo Penal del TS acordó abrir la causa.Melgar se apoya en la exposición razonada enviada en su día por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que apuntó a que Romillo presuntamente entregó 100.000 euros a Alvise para SALF de cara a las elecciones europeas de 2024.Noticia Relacionada estandar No El Supremo cita a Alvise Pérez para el 6 de junio por el caso de la PCR falsa de Illa ABC El instructor da este paso después de iniciar los trámites para recabar la autorización del Parlamento EuropeoEl magistrado da cinco días a Alvise para que aclare si irá a declarar de forma voluntaria. En otra de las causas abiertas en su contra en el TS, la referida a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y ahora presidente de Cataluña, Salvador Illa, la defensa del eurodiputado avanzó que sí acudiría. Para este caso, ya está citado para el 6 de junio.El Supremo también ha abierto una tercera causa contra Alvise por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert por los mensajes difundidos contra ella en su canal de Telegram. Respecto a este caso y al relativo a la PCR falsa de Illa, el alto tribunal ya ha iniciado los trámites para recabar el permiso de la Eurocámara.Melgar también se refiere en su resolución a la petición del PSOE para personarse como acusación popular en la causa por presunta financiación ilegal. El magitrado explica que queda supeditada a que formule querella y pague una fianza de 15.000 euros.
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