El PP ha pedido este jueves al TC que suspenda la tramitación de su recurso contra la ley de amnistía hasta que Europa se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que han presentado varios órganos judiciales, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.En un escrito presentado ante el órgano de garantías al que ha tenido acceso ABC, el PP señala que aunque en su recurso no solicitara el planteamiento de una cuestión prejudicial «respecto de las cuestiones o materias que afectan directamente al Derecho de la Unión», eso no impide ni su eventual planteamiento posterior ni que «la importancia de esas materias y la incidencia del Derecho de la Unión en la controversia no estuviese ya presente en la demanda». El escrito contiene, añaden los populares, «evidentes infracciones del Derecho de la Unión» en la que incurre la ley.Asegura el PP en su escrito que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la solicitud de aplazamiento que en este mismo sentido formularon hace unos días los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, petición que «no ha sido notificada ni puesto en conocimiento de las partes ni incorporada al procedimiento», como tampoco lo han sido, denuncian, los informes, anexos ni la negativa del presidente a paralizar la tramitación, lo que hizo mediante un acuerdo del que informó ABC. Solicita así, al considerarlo «imprescindible», que se incorpore a su recurso «la integridad de los referidos documentos, a fin de que por esta parte pueda, a la vista de su contenido y del debate planteado en el mismo, plantearse la directa formulación de solicitud de cuestión prejudicial en este procedimiento». A la vez, el PP, en su condición de recurrente, pide la suspensión del procedimiento «al menos hasta la efectiva recepción de esos documentos».»En cualquier caso -añade- y a la vista de que, como han puesto de manifiesto los magistrados en cuestión, existen al menos cuatro cuestiones prejudiciales formuladas al TJUE (…) parece razonable entender, en aplicación de un mínimo grado de prudencia y sosiego exigible a cualquier órgano jurisdiccional (y precisamente por ello, con mayor motivo a este Excelentísimo Tribunal) que procedería en todo caso la suspensión del procedimiento» hasta que estas cuestiones se resuelvan.Las consultas elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión se refieren a cuestiones como la cláusula de Estado de Derecho, los principios de igualdad y no discriminación, la protección de los intereses financieros de la Unión y el delito de malversación o la separación de poderes e independencia judicial, entre otras.
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