La situación del presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general de la federación extremeña del PSOE, Miguel Ángel Gallardo -al borde de que se le abra juicio oral por su imputación en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón- es un poco menos acuciante gracias a una ligera modificación estatutaria que el partido realizó en su último congreso federal, celebrado el pasado mes de noviembre en la ciudad de Sevilla. Desde hace años, el código ético de los socialistas establece precisamente la apertura de juicio oral como el instante procesal en que un cargo público o electo socialista debe renunciar a sus cargos. Una precisión que operó especialmente y fue objeto de debate hace una década, cuando la irrupción de la llamada nueva política, con Podemos y Ciudadanos (Cs) al frente, instauró la exigencia de que la mera imputación fuese suficiente para frenar la carrera de un dirigente público. En 2015, por ejemplo, el PSOE tuvo que expulsar a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entonces imputados por el escándalo de los ERE y más tarde condenados, para lograr el apoyo de Cs a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Pero el código ético de los de Pedro Sánchez no cambió, ni lo ha hecho en puridad ahora. Sin embargo, y esta es la clave, la disposición adicional sexta de los estatutos emanados del último cónclave del partido, celebrado hace apenas medio año -ya con causas que salpican al entorno del presidente del Gobierno, como las relativas a su mujer o a su hermano, en el candelero- establece una importante salvedad. Con un redactado algo ambiguo, los renovados estatutos federales hablan de que el partido «garantizará el cumplimiento de nuestros altos valores éticos entre la militancia y nuestros cargos, conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas». Noticia Relacionada estandar No El PP cree que «Sánchez no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones» tras el procesamiento de su hermano Emilio V. Escudero Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, afirma también que «el Sánchez-Castejón que se sentará en el banquillo es el que menos causas tiene»Traducido, y según confirman fuentes de la dirección socialista, se trata de que cualquier afiliado o cargo orgánico o institucional pueda solicitar a la comisión ética y de garantías el aplazamiento de cualquier medida cautelar interna hasta que no haya una sentencia en su contra. Algo que podrá resolverse positivamente, explican estas fuentes, «solo si se interpreta que hay una motivación política en las denuncias». Ataques a los jueces Dadas las invectivas urbi et orbi del partido en el último año, desde la carta de Sánchez a la ciudadanía y sus cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez, contra el juez que la investidura, Juan Carlos Peinado, caben pocas dudas de lo que resolvería ese comité de garantías, llegado el caso. Particularmente ante la instrucción de otra juez señalada por Moncloa y Ferraz, la magistrada Beatriz Biedma , juez de Badajoz que investiga el presunto tráfico de influencias del hermano menor del jefe del Ejecutivo, David Sánchez Pérez-Castejón, y del propio Gallardo. Este último, como se ha conocido estos días, pasará a ser diputado de la Asamblea de Extremadura y con ello adquiere la condición de aforado, por lo que la causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Gallardo, ex alcalde de Villanueva de la Serena, se ha convertido en el último año en el sucesor de Guillermo Fernández Vara como líder del PSOE extremeño, después de haber ganado dos procesos de primarias, uno el año pasado y otro a principios de este, siempre contra candidatas impulsadas y apoyadas por el aparato de Ferraz, es decir, por la dirección política de Pedro Sánchez.
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