A la espera de que la Sociedad Española de Oncología Médica concluya su investigación sobre las presiones denunciadas por médicos para no aplicar tratamientos caros contra el cáncer, los pacientes redoblan su lucha contra unas prácticas que creen que pueden poner en peligro las vidas de los enfermos y que fueron destapadas el pasado mes de marzo por ABC. Este viernes el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) han dado un paso más y han llevado el caso hasta el Congreso de los Diputados. Allí, la presidenta de esta entidad, Begoña Barragán, ha leído un manifiesto y ha lanzado una recogida de firmas para blindar los derechos de los pacientes. «Exigimos con rotundidad: libertad de prescripción, rigor clínico, profesionalidad y acceso a tratamientos adecuados , seguros, eficaces y personalizados, porque la salud es un derecho fundamental, sea cual sea el modelo, el sistema o el lugar, y no admite interferencias, ni demoras, ni recortes. Exigimos transparencia total en los procesos de autorización y acceso a los tratamientos«, ha reclamado. Noticias relacionadas estandar No La Sociedad de Oncología aborda con Sanidad las presiones para no recetar fármacos caros contra el cáncer en la privada Ana Sánchez estandar Si Presiones a los oncólogos: El supervisor de terapias no existe en la sanidad pública y podría vulnerar la Constitución Ana Sánchez«Llamada urgente por la vida»Barragán no ha hecho alusiones directas a Atrys Bienzobas —intermediaria que gestiona la atención oncológica para DKV, Asisa, Sanitas, Adeslas, IMQ y Allianz—, pero esta empresa fue la única denunciada por los oncólogos, y reiteró su «profunda preocupación» ante esas «presuntas prácticas que estarían limitando el acceso a determinados tratamientos oncológicos». «Cuando quien cuida impone límites por razones financieras, la salud y la vida del paciente quedan en peligro. Y esto es inaceptable», añadió. Por ello, Barragán pidió ayuda a los «pacientes, medios de comunicación, profesionales, instituciones, asociaciones… a toda la sociedad» para que se adhieran con su firma al manifiesto y «a una llamada urgente por la vida, la salud, la ética y los derechos de los pacientes oncológicos». «El cáncer no entiende de edad, de sexo, de raza, de pensamiento… y mucho menos de cálculos financieros o algoritmos», subrayó en alusión a las herramientas informáticas que utilizan los llamados «asesores oncológicos» que Atrys Bienzobas introduce cuando es contratada y a los que los oncólogos deben solicitar autorización para poder prescribir el tratamiento que consideran más oportuno para cada paciente. «Los pacientes con cáncer merecen una atención que anteponga su vida a cualquier otra consideración», reclamó. «Proteger y defender hoy la vida y el derecho a recibir los tratamientos adecuados es también proteger la vida y los derechos de quienes los necesitarán mañana», cerró el manifiesto.Objetivo: compromisos legislativosAdemás de lanzar la campaña pública de recogida de firmas, el Congreso de los Diputados albergó la lectura de la sentencia simbólica a la atención sanitaria al cáncer con distintas intervenciones que reconstruyeron un juicio. En esta representación participaron el doctor Martín Sellés Fort, miembro del comité asesor de Gepac y paciente oncológico; el doctor Santiago Cervera, experto en políticas sanitarias; la magistrada María Paz Fernández-Rivera; y Raquel Sánchez, abogada experto en derecho sanitario y miembro del comité asesor de Gepac. Por su parte, el presidente electo de la Sociedad Española de Hematología, Armando López Guillermo, repasó los obstáculos al acceso equitativo a terapias innovadoras y la necesidad urgente de reformas en el sistema. Relevos en Atrys BienzobasVarios diputados participaron en una mesa de diálogo político en busca de un compromiso legislativo que blinde los derechos de los pacientes de cáncer. En el debate participaron el presidente de la Comisión de Sanidad, Agustín Santos, y los portavoces de PP y PSOE en ese órgano, Elvira Velasco y Carmen Andrés. Cuando se destaparon las supuestas presiones ejercidas por Atrys Bienzobas, la ministra de Sanidad, Mónica García, citó a SEOM a una reunión en el Ministerio para conocer de primera mano las denuncias remitidas por los médicos tras haber avanzado el presidente de la Sociedad, el doctor César Rodríguez Sánchez, que los médicos no siempre tienen la última palabra sobre las prescripciones y que algunos tratamientos no llegan a los pacientes cuando deberían hacerlo. García pidió que se la mantuviera informada sobre la investigación pero el Ministerio no ha llevado adelante ninguna iniciativa. Tampoco ha trascendido que hayan adoptado medidas las seis aseguradoras privadas que contratan a Atrys Bienzobas y que han logrado rebajar sus costes de oncología gracias a la intermediación de esta compañía. Atrys Bienzobas ha mantenido desde el principio que las denuncias que los oncólogos realizan contra ella son completamente falsas y que no solo el médico tiene siempre la última palabra sino que los tratamientos que se prescriben son los más adecuados en términos de coste-beneficio, defendiendo la necesidad de velar por la sostenibilidad del sistema y que todos los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos. Sin embargo, se da la circunstancia de que esta empresa sí ha llevado a cabo cambios internos semanas después de publicarse el escándalo de las presuntas presiones. MÁS INFORMACIÓN noticia No Atrys aparta a su presidente y a su CEO tras el escándalo de las presiones a los oncólogos noticia No El Grupo de Pacientes con Cáncer aplaude los ceses en Atrys pero pide seguir investigando las presiones a oncólogos noticia Si Abarca: «El médico manda pero sometido a criterios de coste y efectividad»El pasado 7 de mayo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su presidente, Santiago de Torres , perdería sus poderes ejecutivos y que su consejera delegada, Isabel Lozano, sería relevada por Marian Isach, actual managing director de la división de Oncología, y pasaría a ser simplemente consejera no ejecutiva. Atrys Bienzobas enmarcó oficialmente ambas destituciones en un plan de sucesión y relevo generacional activado en 2024 y «un proceso planificado y natural».
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