El Partido Popular (PP) presentará este lunes un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que solicitará formalmente que el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, se abstenga en el pleno que resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por este mismo partido contra la ley de amnistía.Después de reclamar esta semana que paralice su recurso hasta que se pronuncie sobre la amnistía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los populares han difundido un comunicado en sus canales de prensa en el que anticipan su próximo movimiento: solicitar este lunes la abstención o recusación de Pumpido.El argumento esgrimido por el PP es que Pumpido debe aplicarse el mismo criterio que defendió para apartar al magistrado José María Macías de la deliberación sobre la amnistía a los encausados por el ‘procés’: «Haber participado en la emisión de un informe sobre la ley de amnistía como vocal del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)».Noticia Relacionada estandar Si Paloma Martín: «El modelo de vivienda del Gobierno se ha demostrado un fracaso absoluto allá donde se ha aplicado» Emilio V. Escudero/Antonio Ramírez La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP desvela en ABC algunas de las medidas del nuevo plan del partido para luchar contra la inquiokupación«Dado que con los argumentos empleados en la recusación del magistrado Macías se ha alterado la doctrina del propio tribunal de garantías, este cambio de interpretación debe extender sus efectos al resto de los miembros del propio tribunal, comenzando por el propio presidente del Constitucional», añade el PP, que incide: «La participación de la esposa de Conde-Pumpido en la emisión de un informe del CGPJ, del que también formaba parte, sobre la citada ley orgánica constituiría igualmente una indiscutible causa de abstención o recusación».El PP considera «inaceptable» la posibilidad de que Pumpido no se aplique a sí mismo causas de abstención o recusación impuestas a otros magistrados, como Macías en la ley de amnistía, y dice que si decide no apartarse, demostrará que hace «una interpretación selectiva y ‘ad personam’» con la que perpetraría «una manipulación insostenible» en la composición del órgano de garantías «infringiendo los más elementales estándares exigibles de un Estado de derecho».
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