Hartos de la instrumentalización de la justicia y del ataque a la independencia judicial que, en su opinión, suponen las últimas reformas anunciadas por el ministro Bolaños, especialmente las que afectan al acceso a la carrera y el Estatuto fiscal, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han decidido plantar al Gobierno con un paro el 11 de junio. Francisco de Vitoria es una de ellas, la segunda en número de jueces afiliados. Exigen la retirada de ambos textos y están dispuestos a llevar ante Europa lo que consideran una afrenta más al Estado de derecho. «No vamos a dejar tirados» a las nuevas promociones ni a los opositores, avisa Oliva, portavoz de esta asociación y magistrado de lo Social en Santa Cruz de Tenerife. -¿Por qué están en contra de la nueva ley de acceso a la carrera judicial y fiscal? -Porque entendemos que es un retroceso institucional, al propiciar un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno o someter a instancias clave a criterios partidistas… Todo esto pone en riesgo la independencia judicial y esta deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial, independiente y que cumpla con los estándares europeos. -El caso es que no es la primera vez que se ignora la opinión de los jueces en reformas de este calado… -Esta reforma no se hace para mejorar la carrera judicial, porque de haber sido esa la finalidad se hubiera escuchado a los jueces. Se hace desde las entrañas, desde los perjuicios y miedos infundados que tiene el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Hay una absoluta desconfianza que, a fin de cuentas, a quien perjudica no es a los jueces solo, sino a la ciudadanía. -¿Hubo un punto de inflexión el reconocimiento de ‘lawfare’? -Hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial desde hace años que se ha incrementado a partir de este nuevo gobierno. Ya advertimos en su momento que la referencia a ‘lawfare’ en ese pacto de investidura era gravemente perjudicial al sembrar desconfianza. -¿Por qué cree que se quiere sembrar esa desconfianza?-La realidad es que no es una cuestión exclusiva de España. Es una deriva populista que atraviesa no solamente Europa, sino otros países como Estados Unidos y países de Latinoamérica. Se nos desprestigia y ataca porque somos un poder verdaderamente independiente, el que fiscaliza a los otros dos poderes del Estado. Cuanto peor y más débil sea el poder que tiene que fiscalizar al resto de poderes, pues mejor, más tranquilos estarán el resto de poderes en el desarrollo de sus funciones aunque con perjuicio, evidentemente, a los derechos fundamentales y garantías de la ciudadanía. «Dejar la investigación a los fiscales en estos momentos otorgaría más dudas que certezas»-¿Cree que estas reformas pretenden silenciarles? -Es una evidencia. De hecho hay una animadversión clara frente a las asociaciones judiciales hasta el punto de que se nos priva de la posibilidad de tener financiación privada. Y evidentemente eso supone un debilitamiento que afecta a la pluralidad, a la libertad de expresión dentro de la carrera judicial. Se nos quiere silenciar, no sé exactamente con qué finalidad, pero si no tenemos medios para poder llevar a cabo protestas está en riesgo no solamente la supervivencia de las asociaciones judiciales, sino del propio Poder Judicial. Las asociaciones judiciales tienen la finalidad de proteger los derechos profesionales de la carrera judicial. Y entre esos derechos profesionales están determinados aspectos que evidentemente afectan a la independencia judicial, a la separación de poderes. -¿Por qué consideran que la ley no garantiza un acceso igualitario? -Bueno, como sabe, el acceso a la carrera judicial se puede hacer por el turno libre de oposición y también por el cuarto turno, pero con este sistema, al establecer una estabilización de cientos de fiscales y de jueces sustitutos, se hiere de muerte al cuerpo de opositores. Esto, por un lado, pero por otro, respecto al cuarto turno con la implantación del concurso oposición entendemos que se le está primando de una manera concreta que perjudica a los opositores que entran por el turno libre y a los jueces actuales que ya están en la carrera judicial. Se les premia al no establecer un límite máximo de plazas y al reconocerles una antigüedad ficticia de cinco años. Se posibilita un acceso discrecional y arbitrario que perjudica en grave y caprichosamente a quien supere la oposición por turno libre. -Y luego está también el acceso de los sustitutos… -Sí, según la reforma ellos entrarían por un proceso de estabilización. El ministro de Justicia ha dicho en sede parlamentaria que la Comisión Europea nos obliga. Y está faltando a la verdad. Yo supongo que será la política de brocha gorda de nuestros tiempos o los bulos… Pero si uno se lee la carta de emplazamiento a España por parte de la Comisión Europea de octubre del año 2024, que es la que cita el ministro, no hace ni una sola referencia a jueces ni fiscales sustitutos. Lo que nuestra asociación defiende es que los jueces sustitutos entren por oposición o por el cuarto turno. La estabilización no es la solución. -¿Hay un riesgo de adoctrinamiento en el hecho de que el centro que va a preparar a los opositores dependa del Ministerio de Justicia? -Es una respuesta complicada. Es cierto que desde el momento en el que se establece ese centro público puede haber tentaciones de quienes los dirigen para adoctrinar a quienes van a participar de él, pero no quisiera tener esa animadversión previa. Ahora, entiendo que uno pueda pensarlo.-Han convocado un paro para el día 11 como primera medida. ¿Irían a la huelga si fuera necesario?-El tema es de tal calado que es absolutamente necesaria la unidad asociativa. Somos conscientes de la indignación en la carrera pero primero tenemos que ser capaces de denunciar la situación y explicar la gravedad de esta reforma. Y también tenemos intención de acudir a organismos europeos como el Greco, la Comisión de Venecia. No podemos descartar la huelga en defensa de nuestros intereses profesionales. Entendemos la postura de las nuevas promociones de jueces y de los opositores. No vamos a dejarles tirados. -¿Está preparada la Fiscalía para asumir la investigación penal? -En la actualidad no. No solamente porque carecen de un estatuto orgánico que garantice la independencia y la autonomía de los fiscales instructores sino particularmente porque la plantilla actual de fiscales es muy insuficiente para poder llevar a cabo esa encomienda. Es cierto que en los países de nuestro entorno europeo la instrucción la llevan los fiscales, pero en España, tal y como está la situación política, no creo que sea bueno hacer un trasvase de esa responsabilidad en este momento. Creo que otorgaría más dudas a la ciudadanía que certezas. -Habla usted del Estatuto Fiscal, cuya reforma se presentó el mismo día de la ley de acceso. ¿Cree que es suficiente para blindar al fiscal de a pie? -Pues la verdad es que aunque hay aspectos que van en el desarrollo pedido por Europa, en el sentido de desligar la figura del fiscal general del Estado de los mandatos del Poder Ejecutivo o el aumento de las competencias de la Fiscalía en relación con sanciones, ascenso, nombramiento, es verdad que se queda corto. Yo creo que hay que ser más valiente y dar un paso más adelante para lograr esa independencia y necesaria autonomía.-¿Ve justificadas las críticas a la decisión de la juez Biedma de abrir ya juicio oral en la causa del hermano de Pedro Sánchez? Bolaños la ha calificado de «precipitada»…-En un proceso judicial existen mecanismos y recursos previstos para revisar las decisiones, garantizando siempre los derechos de los acusados. Las críticas con base jurídica a resoluciones judiciales son legítimas y necesarias en un Estado de derecho, pero es fundamental preservar la independencia judicial. Por eso, resulta preocupante que el ministro de Justicia pueda sembrar dudas sobre la imparcialidad de una jueza, porque eso puede erosionar la confianza en el sistema judicial.-¿Cree que ha llegado la hora de revisar los aforamientos?-Hace mucho tiempo que es necesario hacerlo. Esta figura, que nació con un sentido de protección institucional, ha terminado generando en una percepción de privilegio que no se ajusta al principio de igualdad ante la ley.
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