El cierre de filas del Gobierno y el PSOE con el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán , se mantiene sin fisuras ante las especulaciones sobre un informe en su contra de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estaría al caer. El propio Cerdán dio carta de naturaleza a esas elucubraciones la semana pasada. Primero, cuando se detuvo ante los medios de comunicación en el pasillo del Congreso antes de entrar al hemiciclo para asistir al pleno, y sin admitir preguntas dijo que como diputado por su Navarra natal se había interesado muchas veces por la obra pública en su tierra. Y después, cuando quedó al descubierto que tras un lustro sin presentar una sola pregunta en la Cámara Baja (algo habitual en la labor de los diputados) de golpe y porrazo registró cinco cuestiones el pasado 9 de mayo sobre licitaciones en su provincia . Según diversas informaciones en ese momento ya estaba al tanto de las pesquisas que desarrollaba la unidad de élite de la Benemérita. Ahora, la sala de máquinas de Moncloa espera que lo que finalmente salga a relucir rebaje notablemente las expectativas generadas. Que el informe Cerdán sea, en pocas y claras palabras, un informe blando, con apenas revelaciones de importancia sobre el hombre que controla el aparato del partido tras haber sucedido al frente del mismo a José Luis Ábalos en el año 2021. Y desde luego, con un alcance penal dudoso. En ese escenario, como de hecho se empezó a esbozar hace dos semanas ante los wasaps entre Pedro Sánchez y Ábalos publicados por ‘El Mundo’, se iniciaría una ofensiva contra la UCO. A imagen y semejanza de lo que ocurre desde hace un año, cuando el presidente denunció una campaña en su contra tras la imputación de su mujer por presunta corrupción. A partir de ese momento, tanto los denunciantes, como los medios de comunicación y los jueces de diversas instancias, incluido el Tribunal Supremo (TS), han estado en la diana del Ejecutivo y del PSOE, que en línea con lo que hace años hacía en solitario Podemos, ha empezado a incorporar a su lenguaje el supuesto ‘lawfare’ o guerra sucia judicial en su contra. El propio Cerdán, sin ir más lejos, proclamó esa denuncia mentando el ‘lawfare’ (extremo que Sánchez evita en sus intervenciones públicas) en su discurso inaugural del Congreso Federal del partido, celebrado el pasado mes de noviembre en Sevilla. MÁS INFORMACIÓN noticia No Mandos de la UCO, empresarios, Delcy… ¿Quién es quién en los audios de la ‘fontanera’ del PSOE? noticia Si Las acusaciones presentan denuncias contra Leire Díez tras los audios noticia Si Los negociadores del PSOE plantearon al empresario un acuerdo «con la Fiscalía y la Abogacía del Estado» noticia Si El empresario de hidrocarburos ofreció a los ‘fontaneros’ del PSOE información contra Aldama: «Tiene una empresa con Delcy»Tras publicarse los mensajes privados entre el presidente del Gobierno y el que fuera su estrecho colaborador y ministro de Transportes, el Gobierno ya los vinculó a la UCO, antes de que el propio Ábalos admitiese haber corroborado con ese periódico buena parte de ellos. Y por ello anunció posibles medidas legales contra la filtración, como hizo el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que de momento no se han concretado en nada. De hecho, en el Ejecutivo han dejado de hablar sobre el asunto.«Punto de inflexión»En el entorno de Sánchez tienen grabadas a fuego todas las portadas e informaciones periodísticas que desde hace semanas hablan de ese informe sobre Santos Cerdán que, en algunos casos, anticipan que le dejaría al borde de la imputación. Y en el núcleo de confianza del presidente se anticipan ya a lo que pueda salir, advirtiendo que si las informaciones no revelan cuestiones de gravedad, podría ser «un punto de inflexión» para lanzar una contraofensiva. Entienden que, de cumplirse sus pronósticos, «quedaría claro un nuevo ataque» hacia el PSOE con el fin último de seguir desgastando al presidente. «Se ha escrito mucho, se dan por hechas muchas cosas cuando todavía no hemos visto el informe», explican, insistiendo en que parte del daño «está hecho», y sin esconder una estrategia de victimización que necesariamente pasa por lanzarse contra la UCO. La otra reflexión que se repite es la de cómo es posible que se hable de un Gobierno que trata de controlar a la Justicia cuando la mujer de Sánchez, su hermano o el fiscal general se encuentran inmersos en procesos judiciales. Es la misma idea que hace días esbozaban, con cierta ironía, algunos miembros del Ejecutivo al ser preguntados por si Ábalos podía haber filtrado los mensajes privados para lanzar una petición soterrada de ayuda dada su situación judicial. «Pues no sé cómo vamos a ayudarle, teniendo en cuenta la situación de toda la familia del presidente. Mucha mano no tenemos como se ve», lanzaban. La oposición, sin embargo, parece decidida a exprimir al máximo lo que esté por llegar. Desde el PP insisten en que «por mucho control de daños que se intente», la investigación está en marcha, y dan por hecho que «un control de daños preventivo» solo significa que esperan algo de lo que deben defenderse. El partido de Alberto Núñez Feijóo advierte de que el cerco se estrecha y entienden que no hay mayor desgaste para el PSOE que todo lo relacionado con la corrupción.
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