Durante 30 años, y hasta diciembre de 2020, cuando se prohibió, en España se podía declarar incapacitadas jurídicamente a personas con discapacidad intelectual para luego esterilizarlas de forma forzosa tras la petición de sus familiares. Está tipificado como un delito en el Código Penal desde hace cinco años, tras una reforma legislativa impulsada por el Gobierno de PSOE y Podemos y colectivos sociales, pero, hasta entonces, las mujeres con discapacidad eran sometidas a una ligadura de trompas de Falopio sin su consentimiento; concretamente, entre 2005 y 2016, fueron más 1.100 víctimas en España.Ante la Comisión de Igualdad del Senado, Ana Peláez Narváez , vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres y experta en derechos de las mujeres con discapacidad, ha reclamado la aprobación urgente de una ley de reparación integral para las personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres y niñas, que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020, bajo cobertura legal del Código Penal, y por tanto por sentencia judicial. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) redactó un borrador de proposición de ley que fue recogido con sensibilidad e interés por todos los grupos parlamentarios. Y será presentado en junio en el Congreso.Noticia Relacionada estandar Si Las mujeres con discapacidad sufren más violencia de género: «Abusaron de mí durante 7 años Esther Armora El impacto de este tipo de agresiones es diez puntos superior cuando sufren diversidad funcional«La ley que nosotros proponemos es una ley que se centra en la reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas por incapacidad legal por razón de discapacidad a través de una sentencia judicial, porque el hecho de que el Estado haya permitido una práctica de este tipo y lo haya justificado a través de una sentencia judicial es lo que a nosotros nos parece motivo de reparación realmente para las víctimas», ha explicado Peláez Narváez, que ha recordado que muchas mujeres fueron mal informadas sobre la intervención a la que iban a ser sometidas y otras, simplemente engañadas.No solo se les negó sus derechos reproductivos, proyectos de vida y sexualidad, sino que esta práctica hoy ilegal también las traumó, reventó sus lazos y confianza familiar y rompió su autoestima. La vicepresidenta ejecutiva de Fundación Cermi Mujeres ha celebrado que la derogación de la práctica mediante la Ley Orgánica 2/2020 puso a España en la «vanguardia», así como aplaude la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución como otro avance. Sin embargo, Peláez Narváez ha lamentado también que es «insuficiente» y reivindicado una ley de reparación porque «el daño causado permanece invisibilizado y sin respuesta». Cermi confía en que se pueda aprobar esta legislación a lo largo de 2026, año simbólico porque se conmemorará el 20.º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . Fundación Cermi Mujeres quiere que la ley sea clara y accesible y, por supuesto, dotada de presupuesto . Según ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, plantean una reparación basada en cinco pilares: es la restitución, indemnización a las víctimas y no a sus familiares, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en línea con los principios internacionales de justicia reparadora. Además, el borrador de la ley exige que el Estado celebre un acto oficial para pedir perdón a las víctimas en sede parlamentaria: «Es esencial».Considerado tortura por organismos internacionales«Se pensaba que si se esterilizaba a la persona se prevenía de abusos sexuales y así no se quedaba embarazada, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, pero esta consideración provoca justo lo contrario; pues una persona con discapacidad esterilizada tiene un riesgo mucho mayor de ser víctima de abusos sexuales », ha subrayado Peláez Narváez al hablar de las justificaciones que tutores legales, jueces, personal médico y Ministerio Fiscal esgrimían hasta hace cinco años por el supuesto interés superior de la persona. Y ha apostillado: «Sin ningún tipo de base científica» . El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tildaron de trato cruel, inhumano, degradante e incluso de tortura estas prácticas al realizarse sin consentimiento libre, informado y encima con respaldo judicial. Ya en 2011 exigieron a España que las ilegalizara.
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