Sea por error o sea con fines disuasorios la proposición de ley de medidas para facilitar el alquiler de vivienda presentada la semana pasada por el Grupo Parlamentario Socialista, bajo el amparo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Vivienda, infla el castigo fiscal con el que amenaza a los titulares de segundas viviendas que las tengan desocupadas. La propuesta de norma lanzada por los socialistas prevé la instauración de una tarifa progresiva en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) a la hora de calcular la imputación de rentas inmobiliarias, que vienen a ser los rendimientos implícitos que Hacienda entiende que se derivan de la titularidad de activos inmobiliarios no utilizados como primera residencia y por los que existe la obligación de tributar según el tipo de impuesto que le corresponda a cada contribuyente. Según el Reaf, aquí entrarían, por ejemplo, la casa del pueblo, el apartamento de la playa o la tenencia de plazas de garaje más allá de la vinculada a la primera vivienda.El caso es que la propuesta socialista plantea sustituir el actual esquema, que prevé una imputación lineal del 1,1% sobre su valor catastral por los activos inmobiliarios cuyo valor haya sido sometido a revisión en la última década y del 2% cuando su valor no haya sido revisado, por un tarifa más progresiva, como sucede en el caso de los rendimiento del trabajo, y además acumulada, es decir, teniendo en cuenta todos los activos inmobiliarios disponibles. En virtud de este esquema, la tenencia de activos inmobiliarios no dedicados a residencia habitual por un valor catastral inferior a 100.000 euros continuaría estando sometida a ese tipo del 1,1%, mientras que a partir de ese umbral la carga fiscal aumentaría según la siguiente secuencia: el tramo de valor catastral acumulado entre 100.000 y 500.000 euros estaría sometido a un tipo del 1,5% para determinar la base imponible, entre 500.000 y 1.000.000 el tipo sería del 2%, en tanto que a partir de un millón de euros el tipo aplicable sería del 3%.El caso es que la proposición de ley del PSOE no aplica esa escala según el mecanismo habitual del IRPF, según el cual cada tramo de renta está sujeto a un tipo determinado, de modo que los primeros 100.000 euros tributarían al 1,1%, entre esa frontera y los 500.000 euros, al 1,5%; y así progresivamente, sino que parece aplicar el mismo tipo de forma lineal según el valor de los activos inmobiliarios acumulados. El resultado es que la base imponible resultante para los contribuyentes que poseen activos de un mayor valor es sensiblemente más elevada de la que resultaría de aplicar la tarifa progresiva del modo en que se hace en el resto del IRPF.«Entendemos que se trata de un error» , ha asegurado este miércoles el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno, principalmente porque las consecuencias de la aplicación de la tarifa progresiva tal y como se prevé en la proposición de ley supondría un sobrecoste fiscal muy elevado y poco sustentado en la normativa tributaria para todo aquel contribuyente que tenga en su patrimonio activos inmobiliarios con un valor catastra superior a los 500.000 euros. Según el REAF, mientras la proposición de ley imputa una base imponible potencial de 7.500 euros al tramo entre 500.000 y un millón de euros y de 20.000 euros a partir del millón de euros, una tabla alternativa calculada según el funcionamiento normal del IRPF reduciría esa base imponible a 7.100 euros en el primer caso y a 17.100 euros en el segundo, siempre teniendo en cuenta que esa base imponible dependería lógicamente del valor catastral concreto en poder de cada contribuyente.El impacto fiscal no es menor. Para un contribuyente con activos inmobiliarios con un valor catastral de 600.000 euros, la diferencia estribaría entre incrementar su base imponible en 2.900 euros según la proposición socialista o en 2.500 euros, lo que se traduciría en cientos de euros de factura fiscal extra respecto a la que ya tendría que asumir en el improbable caso de que esta norma saliera adelante. Para activos de 1,5 millones de euros la diferencia de base imponible se ensancharía hasta cerca de los 3.000 euros y el sobrecoste superaría los mil euros.
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