La Policía Federal brasileña ha revelado los detalles de un grupo de exterminio que espiaba autoridades y negociaba asesinatos por encargo. Una tabla manuscrita y otros documentos incautados el miércoles comprobarían que jueces e incluso el expresidente del Senado, Rodrigo Pacheco , estaban en el punto de mira de una organización criminal que se ofrece para asesinar «comunistas y corruptos«. Según las investigaciones, el grupo se autodenomina Comando C4, que significa ‘Caza comunistas, corruptos y criminales’ y habría sido creado por Etevaldo Caçadini , un coronel del Ejército retirado, que tuvo confirmada el miércoles su orden de prisión. El coronel ya se encontraba detenido desde enero del año pasado, como sospechoso del asesinato del abogado Roberto Zampieri , muerto a tiros a finales de 2023 en la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. El abogado es considerado eje central de las investigaciones sobre corrupción en varias instancias del Poder Judicial. A partir del análisis de su teléfono móvil, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) identificó indicios de pago de sobornos a magistrados y también a asesores de ministros del Tribunal Superior de Justicia, que están siendo usados en las investigaciones policiales.Noticia Relacionada estandar Si La Fiscalía de Brasil pide investigar a uno de los hijos de Bolsonaro por una campaña las contra autoridades Verónica Goyzueta Se trata de Eduardo Bolsonaro, que presuntamente está articulando sanciones por parte de Estados Unidos contra el juez del Supremo Alexandre de MoraesLas investigaciones han revelado un esquema de negocios de seguridad privada, que en realidad actúa como un grupo de exterminio . Entre las pruebas incautadas con detenidos en los estados de Mato Grosso, Goiás y Minas Gerais los investigadores encontraron una tabla manuscrita con valores por servicios de espionaje e incluso asesinato de autoridades. Tras esta operación, Caçadini pasó a ser investigado también por la Corte Suprema. Entre los demás detenidos el miércoles, destaca el hacendado Aníbal Manoel Laurindo , que habría encargado el asesinato del abogado Zampieri.Entre 8.000 y 40.000 eurosLa planilla difundida por la policía establece un valor de casi 40.000 euros para espiar o asesinar jueces de la Corte Suprema, de unos 25.000 euros por crímenes contra parlamentarios y de unos 8.000 euros en el caso de personas comunes. «La Policía Federal identificó manuscritos que contenían menciones a autoridades brasileñas, entre las que destacan parlamentarios del Congreso Nacional y jueces de la Corte Suprema», dicen la nota difundida por la Policía, que citó a los magistrados Alexandre de Moraes y Cristiano Zanin , como posibles blancos de la organización. El juez Zanin fue el responsable por autorizar las detenciones del miércoles. Los nombres de estas autoridades y del senador Rodrigo Pacheco, que presidió el Congreso hasta fines del año pasado, fueron encontrados en notas y diálogos vinculados a este grupo armado. Según la Policía, el nombre de Pacheco apareció en notas vinculadas a la expresión «vigilancia armada» en una fecha en la que el senador volvía a Brasil de un viaje al extranjero. Las menciones a los jueces aparecieron relacionadas con la planificación de posibles ataques. «Manifiesto mi repulsa por la gravedad que supone para la democracia la intimidación a las autoridades en Brasil, con el descubrimiento de un grupo criminal, que según la investigación de la Policía Federal, espía, amenaza y coacciona, como si el país fuera una tierra sin ley. Que las autoridades competentes hagan prevalecer la ley, el orden y la investigación competente sobre este hecho espantoso que ha salido a la luz«, declaró el senador Pacheco en un comunicado a la prensa. Los manuscritos también registran informaciones sobre armas y materiales que serían utilizados en los posibles ataques. Parte de esas armas fueron incautadas en una de las detenciones en el estado de Minas Gerais.Acusaciones bajo «tortura»Según el portal G1, del Grupo Globo, la defensa del coronel Caçadini, supuesto líder de la organización, solicitó su libertad con el argumento de falta de pruebas que lo vinculen al asesinato de Zampieri e informó que las acusaciones fueron obtenidas bajo «tortura» a uno de los ejecutores. «Reiteramos nuestra confianza en las instituciones brasileñas y en el trabajo responsable de las autoridades competentes, así como reafirmamos nuestra convicción en la inocencia de nuestros representados», declaró la defensa.
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