El Gobierno ha incumplido el auto del Tribunal Supremo que le ordenaba hacerse cargo y tramitar el acceso de un millar de menores no acompañados al sistema de protección internacional. Así ha quedado acreditado durante la vista pública convocada por la Sala Tercera para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre la medida cautelar acordada el pasado 25 de marzo. Pese a los intentos de la Abogacía del Estado por demostrar que el Gobierno ha seguido las instrucciones del Supremo asumiendo la responsabilidad sobre los menores que han pedido asilo y sobre los que han manifestado su intención de hacerlo, lo cierto es que los testigos no han apuntado en esa dirección: m ás bien al contrario, han dejado en evidencia que el Gobierno está dilatando los tiempos lo máximo posible para tratar de incluir a estos menores en el reparto general de todos los que están en situación de desamparo en Canarias.Noticia Relacionada CRISIS MIGRATORIA estandar No Clavijo rechaza el protocolo de derivación de menores migrantes propuesto por el Estado: «No son cajas de manzanas» Laura Bautista «Lo han hecho solo ellos», «no han contado» con el archipiélago, ha denunciadoLa representante del Gobierno canario ha sido contundente en sus alegaciones: « El Gobierno no ha evaluado a ninguno de estos menores », ha dicho ante el Tribunal, y prueba de que no se ha hecho nada, es que no fue hasta última hora de ayer cuando se presentó un borrador de protocolo que no ha sido negociado con la comunidad canaria y que además habla de la creación un grupo de trabajo y de un calendario de actuaciones que no estaría en vigor hasta finales de septiembre. Esto demuestra, a juicio de la letrada, la nula voluntad del Gobierno por cumplir una medida que por su carácter cautelar requería urgencia. A lo largo de casi tres horas, una serie de testigos, la mayoría altos cargos de los ministerios de Interior y Migraciones, han responsabilizado a la comunidad autónoma de la tutela de estos menores no acompañados olvidando, como le ha recordado el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, que la legislación estatal obliga a la administración central a hacerse cargo de todo aquello que no es asistencial, es decir, de la solicitud de protección internacional y de garantizar que estos menores, también los que han manifestado su voluntad de pedir el asilo, reciben los derechos asociados al estatuto del refugiado.Noticia Relacionada estandar Si El cupo de plazas para menores inmigrantes establecido por el Gobierno obligará a Andalucía a crear 1.372; Valencia, 1.216; y Madrid, 83 Inés Ruiz-JiménezLas declaraciones de estos testigos han evidenciado la descoordinación que existe entre los diferentes ministerios implicados (Interior, Migraciones y Política Territorial) pero también entre los distintos departamentos dentro de Interior. Así, Octavio Rivera Atienza, el director general de protección internacional, ha declarado ante el Tribunal que solicitaron a Canarias documentación para poder identificar a los menores de los que el Estado se tiene que hacer cargo llegando a asegurar que enviaron unos correos que no fueron contestados. La letrada del Gobierno insular le rebatió asegurando que dichos requerimientos no solo fueron contestados, si no que el funcionario que respondió al Ministerio indicó que esa información obra en poder de la jefatura Superior de Policía y de la Ofician de Asilo. «¿Ustedes no tienen acceso a información de la Policía Nacional y de la Oficina de Asilo?» , ha preguntado sorprendida la letrada a Rivera, a lo que este ha respondido: «Nosotros somos la Oficina de Asilo, no me consta esa información». Inquietud por el abandono de los menoresA través de sus preguntas, que ha hecho varias a todos los testigos, Lesmes ha manifestado su inquietud por el abandono por parte del Gobierno de los menores no acompañados, especialmente de aquellos que, a pesar de haber manifestado que quieren recibir el estatuto de refugiado, no están siendo amparados por la Administración General, cuando tiene la obligación de hacerlo. Y es que sistemáticamente los altos cargos que han pasado por el Tribunal Supremo han puesto la pelota en el tejado del Gobierno canario que tutela en solitario a más de 6.000 menores desde hace más de un año.
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