El Tribunal Supremo de los Estados Unidos autorizó este viernes en un fallo a la Administración Trump a acabar con el programa de permisos humanitarios que amparaba de la deportación a más de 500.000 inmigrantes llegados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela . Con esta decisión, se amplía a casi un millón el número de personas expuestas a la expulsión desde el regreso de Donald Trump al poder.La resolución anula el bloqueo cautelar previo impuesto por un tribunal federal de Boston, que había frenado la medida impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , en aplicación de una orden ejecutiva (decreto) firmada por el presidente el pasado mes de marzo. El programa se llama CHNV (iniciales de los países afectados) y permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. durante dos años, siempre que los solicitantes contaran con un patrocinador que se hiciera cargo de sus gastos iniciales. Este es un programa adicional al del llamado TPS (estatus protegido temporal), que permitía la entrada temporal de esos y otros países. Noticia Relacionada estandar Si El Supremo da la espalda a Trump y mantiene el bloqueo de deportaciones de venezolanos Javier Ansorena Los jueces han determinado que los inmigrantes deben tener más tiempo para defender su caso ante los avisos de expulsiónLas magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, consideradas ambas progresistas, votaron en contra. Jackson advirtió en su voto particular que esta decisión provoca que «las vidas de medio millón de personas se desmoronen ante nosotros antes de que los tribunales resuelvan sus recursos».Caos económico y socialLa juez advirtió que «habrá caos económico y social si se detiene de forma repentina y sumaria a un número tan grande de no-ciudadanos protegidos» y que, en muchos casos, estas personas «están integradas en barrios y comunidades estadounidenses con la esperanza de conseguir eventualmente un estatus legal a largo plazo».El programa había sido creado por la Administración de Joe Biden en 2022 para canalizar la migración de forma más ordenada, en un frenesí de ingresos irregulares por la frontera con México. En la anterior presidencia, hubo años en los que más de dos millones de personas cruzaron la frontera de manera ilegal. Esta fue una de las herramientas para canalizar el flujo de entradas.En la campaña electoral que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca, el entonces candidato atacó con dureza esas políticas y las relacionó con el control violento de comunidades por parte de inmigrantes –con el ejemplo habitual de Aurora, en Colorado–, con el saqueo de los recursos públicos y con acusaciones excéntricas –pero con impacto en sus votantes– sobre algunos grupos de inmigrantes, como los haitianos de Springfield (Ohio) que «se comen los gatos».Desde su llegada al poder, Trump ordenó su desmantelamiento, como parte de una ofensiva de mano dura contra la inmigración. El Supremo también ha autorizado la revocación del estatus protegido para otros 350.000 venezolanos en el caso del TPS. Deberán salir del país el mes entrante, en principio. La portavoz de la presidencia, Karoline Leavitt, dijo el jueves que «miles de inmigrantes ilegales ya han optado por autodeportarse». El Gobierno federal les ofrece mil dólares por irse .Grupos de inmigrantes y una ONG recurrieron la eliminación del programa, argumentando que la ley exige un análisis caso por caso para retirar permisos que ya fueron concedidos. Una jueza federal les dio la razón, pero la Casa Blanca ha conseguido revertir la medida en el alto tribunal, que sigue admitiendo recursos de urgencia del Gobierno Trump en múltiples causas judiciales aun abiertas.La decisión del Supremo, sin embargo, no entra en el fondo de la cuestión en las demandas presentadas por los inmigrantes y las organizaciones que los defienden. Lo que hace es eliminar la medida de bloqueo cautelar impuesta por la instancia inferior mientras se ventilan los recursos.«Tenemos confianza en la legalidad de nuestras acciones para proteger al pueblo de EE.UU. y esperamos más acciones en el futuro del Tribunal Supremo que nos den la razón», reaccionó en un comunicado la Casa Blanca ante la decisión del alto tribunal.Ante la frenética actividad de la Administración Trump en materia migratoria, el Supremo ha tenido que entrar de urgencia en varios casos en los últimos meses. En algunas ocasiones, contra los intereses de Trump, como cuando impuso que el Gobierno debe facilitar el retorno de un deportado a El Salvador «por error administrativo» o cuando mantuvo un bloqueo al Gobierno para el uso de una ley bélica de 1798 para ejecutar deportaciones expeditas.
Leave a Reply