La defensa de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez , ha solicitado al instructor del Tribunal Supremo (TS) que incorpore todos los correos que intercambió Carlos Neira -el abogado de Alberto González Amador- con fiscales de la Sección de Delitos Económico de Madrid y con la Abogacía del Estado tanto antes como después del 14 de marzo de 2024.Así consta en un escrito, recogido por ABC, que ha trascendido en el marco de la causa en la que se investiga si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , y Pilar Rodríguez pudieron cometer un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El letrado explica que en la declaración de Neira del pasado 27 de mayo, manifestó que además de los ‘emails’ conocidos existen más correos entre los letrados de Alberto González Amador y fiscales de la sección de delitos económicos de Madrid.Con este movimiento, la defensa de Rodríguez busca ademas que se valore si la divulgación de algunos correos electrónicos « pudo afectar negativamente a los acuerdos de conformidad penal que con carácter de absoluta normalidad se siguen llevando a cabo en el seno de la Fiscalía Provincial de Madrid». Entiende que la estadística acredita que esa divulgación tiene una «nula afectación» en este tipo de acuerdos. Noticia Relacionada Ofensiva en el Congreso estandar Si El PP pide explicaciones por la «guerra sucia» de la militante socialista contra la UCO Juan Casillas Reclama la comparecencia de Marlaska y de dos altos cargos de Interior y registra una batería de preguntasEn este sentido, considera que procede requerir a la decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y a la jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado para que remitan a la causa todos los correos electrónicos, comunicaciones de mensajería o escritos intercambiados por la Fiscalía o la Abogacía del Estado con los abogados de Alberto González Amador relativos a las diligencias seguidas contra éste por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

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