No es «irrazonable» que el legislador considere que eximir de responsabilidad a quienes realizaron actos ilícitos en el contexto del proceso independentista pueda ser considerado un «medio idóneo para eliminar o al menor rebajar, a través de un acto de generosidad del Estado, un particular foco de enfrentamiento social». Así lo asegura la ponencia del Tribunal Constitucional que respalda la ley de Amnistía y a la que que casi con toda seguridad brindará su apoyo la mayoría progresista a finales de este mes.El borrador de sentencia, al que ha tenido acceso ABC, recalca en numerosas ocasiones a lo largo de sus 191 folios, que no es labor del Tribunal determinar si el juicio de oportunidad que ha llevado al legislador a renunciar al ejercicio de su ‘ius puniendi’ para favorecer la reconciliación en Cataluña «es acertado o erróneo» ni si se logrará superar «el conflicto subyacente», pues es algo que pertenece al ámbito de la política. «Nuestra tarea se circunscribe a efectuar un escrutinio de razonabilidad, puramente externo», repite de forma insistente el texto de la número dos de Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, que en todo momento destaca la «posición preeminente del Parlamento» a la hora de legislar. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
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