Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha solicitado a la Audiencia Nacional su puesta en libertad al entender que no hay indicios probatorios suficientes que le ubiquen como ese «paciente y avezado arquitecto jurídico» que permitió armar un entramado para facilitar la supuesta actividad delictiva del hacker José Luis Huertas, conocido como ‘Alcasec’. En el recurso que ha presentado su defensa ante la instructora, y al que ha tenido acceso ABC, sostiene que aunque la causa permanece secreta, se conoce por el interrogatorio del fiscal que la intervención jurídica de Martínez -a través del despacho de abogados en el que presta sus servicios- se habría limitado a la constitución de dos sociedades denominadas Horus y Avenio, y a la llevanza de la contabilidad de la primera de ellas durante unos meses. Para la defensa, estos hechos constituyen «actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista » y resalta que «no aparece ni un solo acto de gestión, administración, dirección o apoderamiento en esas u otras mercantiles» por parte del ex alto cargo de Interior. Así, entiende que los hechos sobre los que se apoya tanto la Fiscalía como la juez María Tardón para justificar su envío a prisión provisional son «claramente insuficientes».Noticia Relacionada estandar Si Hacienda detecta anomalías en los contratos del socio de Begoña Gómez Javier Lillo La Intervención General de la Administración del Estado analizó seis adjudicaciones a Innova Next, la empresa de Juan Carlos BarrabésAsí, niega que Martínez desempeñara, tal y como apuntaba el auto por el que se acordaba la prisión, un «rol central en la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal ». Y rechaza además que su función fuera «el diseño y la operación de blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a José Luis Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente». Martínez, fue detenido el pasado 27 de mayo por la Policía en el marco de la operación Borraska, que se desarrolló para desactivar una organización criminal dedicada a la sustracción de datos en organismos públicos y privados y su almacenamiento masivo y organizado en el extranjero para su posterior uso, análisis y comercialización en el mercado negro. «Pomposo y artificial»Ahora, su defensa insiste en que la resolución judicial de Tardón «no contiene ni una sola acción» en la se le describa construyendo ese «armazón legal» sin el cual Alcasec no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y que se califica de «red compleja» con «un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa». «¿Cuál es el nexo causal entre el asesoramiento legal y fiscal y el conocimiento en profundidad del rol operativo y técnico de los otros dos investigados dentro del entramado criminal? ¿Qué participación ha tenido en los pagos en criptoactivos , en la canalización de ingresos ilícitos, en la facturación simulada o en la apariencia de actividad lícita? ¿Qué papel ha desempeñado en la obtención, almacenamiento, cifrado y compartimentación de la información?», se pregunta la defensa sobre el supuesto papel de Martínez. Para su letrado, el relato «pomposo y artificial» de la causa que incluye la imputación de Martínez, podría buscar «completar el trío» de investigados para poder hablar de organización criminal. Eliminación de pruebasSobre el motivo central que llevó a la juez a decretar su entrada en prisión, la posibilidad de que se eliminaran fuentes de prueba, en concreto «las evidencias digitales que constituyen los efectos del delito», el abogado de Martínez resalta que lo que se pretende es evitar que borre la información supuestamente alojada por Alcasec en el servidor suizo de la empresa Private Layer INC, con sede en Zurich, o en la nube de MEGA. Y acto seguido, resalta que no existe ni un solo elemento del que se infiera que su cliente tenga « capacidad para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas», por lo que, insiste, la participación de Martínez es una «mera especulación y, en todo caso, carecería de gravedad o de relevancia penal».El abogado recuerda que Martínez ha colaborado en todo momento con los investigadores, facilitando incluso claves para el acceso a la nube donde aloja información de sus clientes , y que la juez sólo sustenta la prisión en la posibilidad de que el ex secretario de Estado «bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos -de Alcasec-, tenga la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo». E insiste que los conocimientos jurídicos de Martínez «mal se compadecen» con la tesis del auto que habla del «alto grado de sofisticación tecnológica alcanzado». Por último, el abogado explica que el secreto de las actuaciones «no puede abarcar a los hechos que se imputan al investigado y a las razones motivadoras de la privación de libertad, ni impedir el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para cuestionar e impugnar la legalidad de la privación de libertad». Apunta que se ha dado una indefensión porque la defensa no tuvo conocimiento directo de los elementos de las actuaciones en los que se sustentaba la medida cautelar de prisión.
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