La investigación sobre el apagón del 28 de abril está generando diversas polémicas. Por un lado, sobre los datos que deben aportar las empresas, y, por otro, la integración del comité que desarrolla las pesquisas que está en manos del Gobierno. Así, diversas autonomías pidieron entrar, pero la respuesta ha sido confusa pero contundente en la negativa.Hace unos días, las 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular exigieron por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen , formar parte del comité de investigación.Noticia Relacionada estandar Si Iberdrola y Endesa tildan de «absolutamente falso» que oculten datos sobre el apagón Raúl Masa Red Eléctrica habría informado de que está encontrando reticencias en las empresas para obtener información«Ante el oscurantismo, exigimos transparencia», reclamaron en la nota de prensa en la que los populares informaron sobre la misiva individual enviada por los presidentes de Andalucía, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias y La Rioja.La respuesta ha llegado de manera confusa. ABC ha tenido acceso a una de estas respuestas, y tan solo se señala que desde el Gobierno se está trasladando la información a la ciudadanía y los demás poderes y administraciones «sin especulaciones ni conclusiones precipitadas».Estiman que todas las actuaciones se están llevando a cabo «sin perjuicio de las actuaciones promovidas por otras administraciones». De hecho, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, a este respecto, señalan que « el comité atenderá la información que éstas puedan aportar con sus propias actuaciones ».Es decir, tal y como ha sucedido con las empresas eléctricas que han pedido entrar en el comité, el Gobierno niega esta máxima . Desde el Ejecutivo insisten en que «la labor del comité, cuyos miembros designó el Consejo de Seguridad Nacional, se desarrolla sin perjuicio de las investigaciones que otras entidades y administraciones públicas puedan acometer, en el marco de sus competencias».
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