El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez del Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , y a la jefa de la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, como autores de un delito de revelación de secretos. Considera que a lo largo de la instrucción ha quedado acreditado que ambos participaron en la filtración de datos confidenciales relativos a su cliente causando un perjuicio «irreparable» a su derecho de defensa. A lo largo de un escrito de 68 folios, al que ha tenido acceso ABC, el letrado desgrana la secuencia de hechos que se produjeron en el seno de la Fiscalía desde que García Ortiz tuvo conocimiento de que González Amador era la pareja de Ayuso hasta la elaboración de la nota informativa en la que se revelaron datos personales del querellante y su posición procesal en el marco de una negociación de conformidad que jamás debió haber trascendido. Para ello reproduce, entre otros, el contenido de las conversaciones entre los protagonistas de la filtración, a las que se pudo acceder a través del registro al despacho de la fiscal Pilar Rodríguez, o las declaraciones en sede judicial de la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra teniendo claro desde un primer momento que, por la secuencia en la que los hechos se produjeron, García Ortiz fue el presunto autor de esta revelación de secretos. «Lo único que ha pretendido García Ortiz es que no se conozca la verdad de los hechos que él y las personas que le auxiliaron protagonizaron entre los días 7 y 14 de marzo de 2024 (…) Pese a los escollos procesales a superar derivados de la continua actividad de actividad de destrucción de pruebas y soportes, a través de la práctica de las diligencias de instrucción practicadas e integradas en el sumario se conocen con un detalle apabullante los hechos protagonizados» por él, señala el letrado. Así, recuerda que el 16 de octubre del pasado año, horas después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificara su decisión de asumir su competencia e investigación para investigar los hechos por su «completa vinculación» con García Ortiz, éste borró y eliminó de WhatsApp hasta en dos ocasiones «todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones« así como las copias de seguridad y soportes de las mismas. A ese mismo borrado procedió con su cuenta de correo particular, a la que la también procesada Pilar Rodríguez le envió a las 21:59 horas del 13 de marzo el bloque de mails que se habían intercambiado la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto en el marco del procedimiento abierto al novio de Ayuso por dos delitos fiscales. Inmediatamente después de recibir esos correos, su contenido íntegro empezó a ser desvelado en los medios. De Pilar Rodríguez, la otra encausada, subraya su «esencial y necesaria contribución en los hechos punibles»: si hubiera intervenido y no hubiera actuado para evitar el conocimiento, control y filtrado de su superior jerárquico «ninguno de los hechos que nos ocupan hubieran tenido lugar». A juicio de la acusación, «resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes de reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones», entre ellas los datos personales de una persona física, la existencia y contenido íntegro y de todos los detalles de una denuncia del Ministerio Fiscal, el contenido íntegro y todos los detalles del expediente tributario de González Amador, de su posición «exacta y literal» respecto a la negociación de conformidad («ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública»). Pero no solo eso, continúa. «Para ganar el relato político confeccionaron y publicaron una nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid en la que se señalaba que el 2 de febrero de 2024 a las 12:45 »el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021».Todo esto se produjo, señala el letrado, por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, «motivo por el que se dio publicidad a ‘tooooodo’ desde la Fiscalía General del Estado con destino a medios, al rival político del PSOE de su pareja y hasta a la Directora del Gabinete de Secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Comunicación o el Director de Comunicación del PSOE, que hasta tuvieron en sus manos antes que González Amador el email de 2 de febrero de 2024». «Cualquier juez, fiscal, abogado, médico, ingeniero, empresario o estudiante universitario ha sido espectador de la eliminación en canal y definitiva de la confidencialidad de las conversaciones en las que se ponían de manifiesto las posiciones de defensa».Para la acusación particular «resulta imposible concebir una mayor lesión de los derechos fundamentales a la intimidad , a la presunción de inocencia y al derecho de defensa que la materializada con ocasión de la relación de un ciudadano con la función constitucional y legal del Ministerio Fiscal que los hechos punibles (…), convirtiendo en imposible cualquier proceso justo» y con una lesión irremediable de su presunción de inocencia.«Nadie duda de que de haber mantenido D. Alberto González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados», señala.
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