La cooperación de las fuerzas de seguridad en España ha permitido a Estados Unidos desmantelar una de las mayores redes de pornografía infantil del mundo. Michael James Pratt , fundador de la web pornográfica GirlsDoPorn, fue extraditado discretamente desde España y se ha declarado culpable en un tribunal federal en San Diego por delitos de tráfico sexual, en uno de los casos más graves de explotación sexual en la industria pornográfica estadounidense.Entre 2012 y 2019, Pratt dirigió una red que reclutó a decenas de menores y mujeres jóvenes mediante engaños y falsas promesas de confidencialidad. En los documentos judiciales, Pratt admitió haber captado directamente a las víctima s, a quienes aseguraba que los vídeos serían únicamente para clientes privados en el extranjero y que jamás serían difundidos en internet ni en Estados Unidos. Todas esas promesas eran falsas.En su declaración judicial, Pratt reconoció haber presionado y amenazado a varias mujeres para que continuaran grabando contra su voluntad, llegando incluso a utilizar contratos que ellas no podían conservar ni revisar adecuadamente. Uno de los casos documentados ocurrió en septiembre de 2012, cuando filmó a una menor de 16 años que fue captada a través de un anuncio de modelos en la web Craigslist.Los cargos federales fueron presentados el 6 de noviembre de 2019: conspiración para cometer trata sexual mediante fuerza, fraude y coerción, junto a otros cinco acusados. Incluyen delitos por la captación, transporte y explotación de múltiples víctimas, incluidas menores de edad. Además, los coacusados Ruben Andre Garcia, Matthew Wolfe y Theodore Wilfred Gyi enfrentan cinco cargos adicionales por trata sexual de diferentes víctimas adultas.Huido a EspañaPratt huyó de Estados Unidos en 2019, poco después de ser acusado formalmente de tráfico sexual y producción de pornografía infantil. Liquidó sus activos, desapareció del país y logró vivir como prófugo internacional durante más de tres años. En diciembre de 2022 fue finalmente localizado y arrestado en Madrid, tras una operación coordinada con las autoridades españolas. Fue extraditado en 2024.Ya figuraba entonces en la lista de los diez más buscados del FBI. Fue localizado gracias a una orden de detención internacional y a los esfuerzos de rastreo de su paradero. Las autoridades españolas ejecutaron su arresto, y en marzo de 2024 fue extraditado a San Diego para enfrentarse a la justicia federal. Su captura puso fin a una de las huidas más prolongadas y mediáticas de un acusado de delitos sexuales en Estados Unidos.Recientemente la Casa Blanca ha destacado la cooperación de diversos países en la extradición de delincuentes buscados en EE.UU., algo que Trump prometió en campaña como una de sus estrategias para combatir el crimen organizado. Otro caso destacado es el de Artem Stryzhak , ciudadano ucraniano detenido en España en junio de 2024 y extraditado a Estados Unidos en abril de 2025. Está acusado de formar parte de una red internacional de ciberataques mediante el ransomware «Nefilim», dirigido a grandes empresas estadounidenses para extorsionarlas bajo amenaza de publicar información robada. Según el Departamento de Justicia, Stryzhak operaba desde España creyéndose fuera del alcance judicial de EE.UU., pero su entrega demuestra lo contrario.Otra extradición desde EspañaTambién fue extraditado desde España Bikramjit Ahluwalia , ciudadano británico-emiratí residente en Dubái, acusado de liderar una compleja red internacional de fraude informático conocida como «tech support scam». Fue entregado a las autoridades estadounidenses en marzo de 2025 y compareció ante un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte, por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y daños a sistemas protegidos.Según el Departamento de Justicia, Ahluwalia y su socio operaban desde una empresa registrada en Seychelles, lanzando ventanas emergentes maliciosas que simulaban errores críticos en ordenadores. Así lograban que víctimas —muchas de ellas personas mayores en EE.UU.— llamaran a centros de atención gestionados por sus cómplices, donde eran engañadas para pagar sumas elevadas por supuestos servicios técnicos. La trama generó más de 31 millones de dólares en pagos ilícitos, según la acusación. La justicia estadounidense agradeció expresamente al Gobierno de España su colaboración en esta extradición.
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