La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado durante diez horas -desde las 7:00 horas de esta mañana y hasta aproximadamente las 17:00 horas- el domicilio valenciano del exministro socialista José Luis Ábalos por orden del instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, según confirman fuentes jurídicas a ABC. Estas mismas fuentes apuntan a que en el registro, en el que ha estado presente el político y una abogada suya, se busca documentación o pruebas que arrojen luz sobre el supuesto pago de comisiones irregulares por adjudicaciones en contratos de obra pública. Añaden que esta diligencia se enmarca dentro una nueva pieza secreta de la causa en la que se investiga al político por delitos de corrupción. «Esta diligencia llega a destiempo y no tiene sentido después de que el propio Ábalos haya ido a declarar voluntariamente hace meses», afirman fuentes de la defensa.En la operación, según trasladan fuentes policiales a este periódico, se busca documentación física y también la recogida en dispositivos electrónicos -se ha clonado su teléfono móvil- de las adjudicaciones de obra y las supuestas comisiones que se habrían llevado el exministro y su asesor, Koldo García. Y añaden que en el mismo se han utilizado perros especializados en detección de dinero efectivo, algo habitual en este tipo de acciones. En paralelo a este registro, fuentes de la investigación confirman a ABC que se ha entrado también en sedes de empresas constructoras de Madrid, Valencia, Bilbao y Pamplona. De todas se sospecha que pudieron haber participado de esas presuntas mordidas. La documentación de AldamaLa vía de las presuntas comisiones ilegales se abrió después de que el empresario Víctor de Aldama señalara ante el instructor en diciembre de 2024 que tanto Ábalos, como Koldo García y él mismo se habrían llevado mordidas por adjudicaciones de obra pública de la Dirección General de Carreteras pagadas por empresas a las que el empresario representaba.Como prueba de que decía la verdad, Aldama presentó un documento al Alto Tribunal con un listado de licitaciones junto a las que aparecieron anotaciones de Koldo García. Después de comprobar con una pericial caligráfica que la letra era efectivamente del asesor del exministro, el Supremo solicitó a la UCO la elaboración de un informe acerca de esas adjudicaciones. Tanto la Guardia Civil como el instructor de la causa en el Alto Tribunal, Leopoldo Puente, tienen especial interés en que no haya filtraciones sobre la operación y el contenido de la causa cuyo secreto se espera pueda levantarse a finales de esta semana, según las fuentes consultadas.Según explicó De Aldama en su declaración del Tribunal Supremo, se habría establecido un mecanismo por el que desde el año 2019 estuvo recaudando el dinero a una batería de empresas que entregaban entre el 1 y el 1,5 por ciento del contrato de obra que se les adjudicaba. De esa «recaudación», que ascendería en total a entre 3,5 y 4 millones de euros en dos años, una parte se la habría quedado él mismo por hacer «de valija», otra se la habría entregado a Koldo García y otra al propio Ábalos, siempre según el comisionista, que también consta como investigado en la causa por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.El papel de FiadelsoSe da la circunstancia, además, de que la propia UCO interesó poder tener acceso a los ejercicios fiscales de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una fundación valenciana vinculada a Ábalos y su familia que fue constituida en los años 90 y extinguida en 2023. Para los investigadores resulta de interés dado que «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar» con la misma «habría perdurado a lo largo del tiempo, llegando hasta el presente».La Generalitat Valenciana aportó esa documentación que arrancaba desde la constitución de esa fundación en 1992. No obstante, no se pudo obtener la información de los últimos años de las cuentas porque no constaban como aportadas. Fuentes próximas a Ábalos han mostrado a ABC su «extrañeza» por un registro que se produce cuando la UCO ya lleva seis meses investigando al exministro y «cuatro después de su declaración».
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