A lo largo de la instrucción Ángel Hurtado ha deslizado en no pocas resoluciones que Moncloa estaba involucrada en la dinámica de la filtración, si bien no fue hasta el auto notificado ayer cuando el juez lo manifiesta de forma cristalina, hasta el punto de que sitúa la intervención de Presidencia del Gobierno como el detonante que llevó al fiscal general a reclamar con urgencia los correos intercambiados entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de delitos económicos Julián Salto. «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada ‘la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales’, García Ortiz, conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador (…), con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía (…) entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo». Hurtado vuelve a referirse a Moncloa cuando alude al episodio del socialista Juan Lobato , cuya visita a la notaría fue revelada en exclusiva por ABC . Y es que una vez obtenido el correo de manos de la fiscal Pilar Rodríguez, «se envió copia a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno (Óscar López), quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso». Noticia Relacionada estandar No Feijóo: «Es el momento de que se vaya él y quien le daba las indicaciones» Emilio V. EscuderoSin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó este lunes «rotundamente» en declaraciones a los medios una eventual instrucción de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado en relación a la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales. «No ha sucedido nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin base probatoria, porque no ha ocurrido nunca», aseveró.Bolaños , que recibió la noticia del procesamiento de García Ortiz cuando coincidía con él en un acto en el Consejo General del Poder Judicial , cerró filas en torno a la figura del fiscal general y subrayó que cuenta con la «confianza plena» del Gobierno y que es un «servidor público ejemplar».Así se pronunció en declaraciones a los medios a la salida de un acto en el órgano de gobierno de los jueces, donde recalcó que la resolución del instructor aún no es firme, dado que cabe recurso. «La verdad prevalecerá», añadió el ministro, señalando que es habitual que «presuntos delincuentes y delincuentes confesos» arremetan contra el Ministerio Público, por lo que «el Gobierno está con los fiscales».A la pregunta de si el Ejecutivo socialista veía sostenible mantener a García Ortiz al frente de la carrera fiscal, Bolaños resaltó que es «perfectamente sostenible en un Estado de derecho donde hay presunción de inocencia », e insistió en que el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado no es firme.Bolaños no fue el único que salió a defender al fiscal general, el ministro de Transportes, Óscar Puente , fue más allá en las críticas al Supremo y echó en cara al instructor que acusara al Gobierno de dar indicaciones «sin la menor prueba» . En su perfil de ‘X’, se ha preguntado «por qué no se ha seguido el procedimiento contra quien supuestamente le daba las indicaciones al FGE?», y aseveró que el auto «no hay por donde cogerlo». El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres , fue el primer miembro del Consejo de Ministros en reaccionar a la noticia indicando que el Ejecutivo mantiene la «confianza» en el fiscal general. Hizo hincapié en que debe respetarse la «presunción de inocencia» y los «pasos» de la Justicia, y recordó que se han dado casos de personas que han ido a juicio pero que finalmente han sido «exoneradas», apuntó en declaraciones a TVE.
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