El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes a los servicios jurídicos de la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El recurso de inconstitucionalidad está respaldado por un informe del Consejo Consultivo .El Gobierno regional considera que se trata de «una imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades y, además, «obliga a asumir gastos sin financiación». «Acoger no es sólo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad» , ha sentenciado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, que explicaba que el recurso va enfocado por la falta de financiación ya que «derivan el problema a las comunidades sin aportar recursos». «Siempre hemos cumplido y cumplimos con todos los menores que vienen a Castilla-La mancha, más en 1.000 en la región», aseguró.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno establece la capacidad ordinaria de acogida de menores inmigrantes tras una reunión sin consensos con las comunidades Inés Ruiz-JiménezPadilla ha querido dejar «muy claro» que su Gobierno comprende que la solidaridad «no entiende de límites geográficos, y menos «cuando estamos hablando de niños y niñas», pero ha insistido que el recurso porque Castilla La Mancha no recibe «ni un euro» y atender a estos 500 menores, los que le corresponden a la región, supone un coste que supera los 26 millones de euros anuales. La portavoz ha asegurado que si esta medida , aunque hubiera sido sin dialogar con las comunidades autónomas, hubiera venido con los recursos suficientes, «no hubiese sido recurrida por el Gobierno de Castilla-La Mancha».La consejera portavoz ha recordado que, aunque «se conoce como reparto de menores migrantes, su título completo es Medidas Urgentes para la Garantía del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia ante Situaciones de Contingencias Migratorias Extraordinarias», un título que expresamente pide garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia, y «lo que creemos que tiene que garantizarse en las mejores condiciones para esos niños y niñas». Por lo tanto, está relacionado con la presentación de este recurso, ya que, según ha explicado, «las autonomías necesitamos recursos para asumir la tutela de menores y este decreto, que ha sido aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno, viene, además, sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores».Las declaraciones de Padilla van en la misma línea que planteó Emiliano García-Page, quien afirmó que «Castilla-La Mancha es una región que ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor . Por eso puedo decir con claridad que me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno al aceptar la exigencia de Junts».Además, rechazó de plano el concepto de «solidaridad obligatoria», que calificó de «demagogia pura», y defendió que el Estado debe asumir su responsabilidad en materia migratoria: «El Estado no puede convertirse en un transportista de menores. Es responsable de que entren legal o ilegalmente y, por tanto, de ayudar económicamente cuando el problema supera la capacidad de las autonomías». «El Estado no puede hacer dejación del Estado», aseguró.
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