Por indicación de Bruselas, que en 2023 aprobó una directiva para adelgazar la burocracia sobre las pymes, en este momento el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley -todavía en fase de consultas- que liberará a cerca de 4.000 empresas del engorro de tener que someterse a una auditoría anual. Según una estimación del propio Ejecutivo, para las empresas la medida supondría un ahorro de 32 millones de euros anuales. En puridad, lo que prevé el texto es una modificación de Ley de Sociedades de Capital y la de Auditoría de Cuentas para elevar un 25% dos de los tres umbrales de referencia que se utilizan en nuestro país para decidir si una empresa está obligada a contratar a un profesional para que investigue si sus estados financieros son fiel reflejo de la situación real de las cuentas. Noticia Relacionada estandar No Miguel Ángel Vázquez Taín sustituye a Valentín Pich en la presidencia del Consejo General de Economistas Xavier Vilaltella El presidente saliente deja el cargo tras más de veinte años marcados por el crack de 2008, la pandemia o la crisis inflacionaria, entre otras cosasActualmente, esos umbrales refieren al número de empleados (menos de 50), los activos (menos de 2,85 millones de euros) y la cifra de negocio (menos de 5,70 millones), de forma que si una pyme cumple dos de esos criterios durante dos años consecutivos, está eximida de la obligatoriedad de auditar sus cuentas. Pues bien, el anteproyecto que tramita el Ejecutivo elevaría el volumen de activos a 3,56 millones de euros y la cifra de negocio hasta los 7,12 millones. Cabe preguntarse por qué la propuesta se ha fijado en el 25%, respuesta que está en la propia directiva europea que ha dado pie a este anteproyecto, que no es más que una transposición. Como ya se ha avanzado, Bruselas quiere reducir la burocracia, más aún tras la deriva aislacionista de la nueva Casa Blanca, que ha convencido al Viejo Continente de la necesidad de ser más competitivo para caminar solo, pero la directiva también se justificó por la necesidad de ajustar a la inflación los criterios que definen el tamaño de las empresas. Para corregir la evolución del IPC desde 2013 (fecha de aprobación de la última directiva sobre tamaño de empresas), en 2023 Bruselas estimó que era necesario aumentar un 25% los umbrales que definen lo que es una pyme para racionalizar las obligaciones legales a las que las someten las legislaciones nacionales. Para contextualizar el efecto que tendrá el anteproyecto -si el Ejecutivo logra sacarlo adelante esta legislatura a pesar de su debilidad parlamentaria-, basten algunas cifras. Según se lee en el último informe de auditoría de cuentas elaborado por el Ministerio de Economía, en 2024 en nuestro país se realizaron 72.723 informes de auditoría, de los que un 36% correspondían a pymes con una facturación inferior a los 6 millones de euros. Aun teniendo en cuenta que muchas empresas contrataron un auditor aunque no estaban obligadas a ello, la cifra potencial de empresas afectadas por el anteproyecto se eleva mucho más allá de la estimación del Gobierno. Como ya se ha avanzado, el Ejecutivo justifica la ley en aras de la competitividad, pero auditores y economistas avisan de que el efecto real podría ser contraproducente. En las conclusiones de un informe conjunto publicado esta mañana, el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) prevén que la iniciativa alimentará la economía sumergida, desprotegerá a los accionistas minoritarios e, incluso, supondrá un aumento de costes para las pymes y no el ahorro que pretende el Gobierno. En opinión de los auditores, y se apoyan en la experiencia de otros países -Dinamarca, Suecia o Italia-, eliminar las auditorías obligatorias en las pymes generará una merma en la transparencia de las empresas, un aumento de los errores contables y una reducción en la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las administraciones públicas; de telón de fondo está el miedo a la evasión fiscal. «No se puede permitir que, en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, comprometamos la transparencia del sistema económico. Los beneficios de la auditoría de cuentas -para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías- superan con creces sus costes», ha aseverado Ángel Vázquez Taín, presidente del CGE, durante la presentación del informe esta mañana. Además, economistas y auditores se oponen al modo en el que el Gobierno pretende aplicar la transposición de la directiva; de forma literal. En España, recuerdan, tanto el índice general de precios como los precios de los servicios y de la auditoría mantuvieron una evolución notablemente inferior a la media de la UE, por lo que «si se usa como referencia el dato de la inflación, lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja», han apuntado.
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