Catarata de «errores» en la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 en torno a la comparecencia del secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , Luis García Terán. Según ha podido saber ABC, la suspensión de la sesión en la que también iba a comparecer este martes un agente de la Policía Nacional fue decidida de manera unilateral por el presidente del órgano, Txema Guijarro (Sumar) , que no consultó previamente ni formal ni informalmente con el resto de los miembros de la mesa ni con los portavoces de los grupos. Tal y como explican varios miembros de la comisión, la decisión les fue comunicada por mensaje de wasap el lunes por la mañana sin explicación del motivo, lo que denuncian como un procedimiento erróneo y por tanto inhabitual. Solo ante las preguntas de los portavoces Guijarro señaló el origen de la decisión que, para rizar el rizo, fue otro hecho anómalo: la misiva que remitió el viernes el director del gabinete del ministro del Interior, Lorenzo Martínez , pidiendo medidas de seguridad para la comparecencia del agente de la Policía que debía comparecer tras García Terán. Este protocolo no debe solicitarlo el Gobierno sino el agente interesado o su superior jerárquico. Fuentes de Interior explicaron a ABC que se trató de un «error».Todos se equivocaronEl problema es que la misiva de Lorenzo Martínez podía justificar la suspensión de la comparecencia del agente de la Policía pero no la del número dos del CNI. Y ante ello varios portavoces han pedido explicaciones a Guijarro, que ha sumado otro «error» como argumento aunque esta vez del letrado de la comisión, que le habría advertido que no podía celebrarse la sesión con un solo compareciente, cuando esto no es correcto. En suma, cuatro errores en cadena para impedir a la Cámara escuchar a García Terán: el del director de gabinete de Fernando Grande-Marlaska al pedir un protocolo que no era de su competencia; el del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que recibió la misiva y le dio curso remitiéndola a Guijarro; el del letrado de la comisión que concluyó que debía suspenderse la sesión completa cuando no era así; y finalmente el del propio Guijarro haciéndole caso y desconvocando unilateralmente la sesión sin consultar con el resto de miembros del órgano.El resultado es que las dos comparecencias han quedado en el aire y, de momento, siguen fecha estando la clave en la cita del secretario general del CNI, ya que antes de los atentados ejercía como jefe de la división de contraterrorismo de Gerona. ABC ha publicado que el Centro Nacional de Inteligencia pagaba como confidente 500 euros al mes al imán Abdelbaky Es Satty , considerado cerebro de los atentados, y que éste dependía entonces de García Terán. Tras la suspensión de la sesión del martes, la comisión de investigación ha intentado citar al número dos del CNI para la semana que viene pero no ha sido posible por encontrarse de viaje.Petición de explicacionesLa intención ahora es citarle para la siguiente semana, la última de junio para evitar que se acabe el periodo de sesiones y la comparecencia se posponga hasta el mes de octubre. Pero, al cierre de esta edición, no se había cerrado fecha. Mientras tanto, el malestar por la suspensión de la sesión del martes ha traspasado las paredes del Congreso. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, acusa a Interior de haber cometido «una posible maniobra para entorpecer el trabajo de la comisión parlamentaria de investigación» por la misiva del jefe de gabinete del titular de Interior, origen de todo el episodio. «Reclamamos explicaciones públicas del ministro Fernando Grande-Marlaska, para que aclare si esta demora responde a una descoordinación interna o a intereses políticos destinados a minimizar el impacto de esta declaración», señalaron fuentes de la organización. En esta línea, advirtieron de que «este tipo de actuaciones dañan gravemente la imagen de las instituciones, comprometen la confianza pública y suponen una falta de respeto hacia el trabajo profesional y comprometido de los miembros de la Policía Nacional». «No vamos a permitir que se utilice políticamente a nuestros compañeros», remarcaron las mismas fuentes reclamando que la intimidad y la seguridad del agente «deben estar absolutamente garantizadas» pero rechazando «rotundamente que se utilice esta necesidad para obstaculizar o retrasar su testimonio».
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