El expresidente y antiguo administrador de Celsa , Francesc Rubiralta , ha defendido este lunes ante el juez que el consejo de administración tenía conocimiento del crédito intragrupo de 500 millones de euros y que, pese a ello, «no reclamó». «Si se hubiera reclamado la deuda, se hubiera pagado con el único activo que eran las acciones del grupo», ha asegurado. Y es que la actual propiedad de la siderúrgica formalizó una demanda contra él por no haber declarado vencidos ni reclamar los créditos suscritos entre patrimoniales controladas por la familia Rubiralta y las sociedades operativas del grupo Celsa, motivo por el que se ha celebrado una vista en el juzgado Mercantil 5 de Barcelona. La propiedad de la siderúrgica señala a Rubiralta como responsable de « presuntas conductas contrarias a sus deberes como administrador », mientras que éste ha indicado que, cuando entró en Celsa, en 2010, fue cuando se le «informó» de los créditos. Cuestionado sobre su destino, ha detallado que fueron « ampliaciones de capital de empresas extranjeras del grupo », algo que era «conocido, aceptado y constaba en las cuentas anuales auditadas». El abogado de los demandantes le ha preguntado si « nunca tuvo la intención de devolver el crédito », a lo que Rubiralta ha contestado que el consejo de administración «conocía perfectamente lo que se había hecho antes de 2017» y que la prórroga de dichos créditos «era automática». «Si querían hacer otra cosa, podían reclamar», ha insistido. «Ni antes de 2010, y hasta el 2023, nunca se reclamó este crédito intragrupo». «¿Por qué no se hizo?», ha insistido el letrado. «Porque el foco estaba puesto en resolver la situación financiera del grupo Celsa . A partir de abril de 2023 se decidiría qué hacer. No entiendo que se me reclame a mí algo que los socios podían haber hecho antes, ejecutando acciones, reclamando el crédito intragrupo», ha indicado Rubiralta. Cabe recordar que fue el pasado septiembre cuando otro juzgado, Mercantil 2 de Barcelona, acordó la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores y dio vía libre a los fondos de inversión para tomar el control del grupo Celsa. Permitió así al grupo de inversores, que lideran Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean, hacerse con la propiedad del gigante industrial del acero, desalojando a sus entonces propietarios, la familia Rubiralta . La resolución señaló entonces que dicho plan reunía todos los requisitos legales, dado que el importe de la deuda era muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores, se aseguraba la viabilidad del grupo. Ahora, sus nuevos propietarios reclaman responsabilidades al anterior administrador. Le acusan así de haber dado prioridad al patrimonio familiar por encima de las necesidades financieras de Celsa.
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