Ni procedió al borrado de sus mensajes ni cambió de teléfono y contestó al magistrado cuando fue llamada a declarar. El comportamiento de la fiscal Pilar Rodríguez nada tuvo que ver con el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y sin embargo, tanto ella como su jefe son tratados de la mismas forma por parte del juez instructor. Así lo pone de manifiesto la defensa de la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid en su recurso contra el auto de procesamiento dictado por Hurtado. Noticia Relacionada tribunal supremo estandar Si La fiscal imputada se desmarca de García Ortiz para intentar salvarse Nati Villanueva Su defensa critica que el juez les meta en el mismo saco y marca distancias: ella «cumplía órdenes de su superior»En él, el abogado y fiscal en excedencia Daniel Campo (hace unas semanas Rodríguez renunció a ser defendida por la Abogacía del Estado, como su jefe) contrapone la actuación de Rodríguez a la del fiscal general, señalando que «no ha podido ser más diferente» a la de aquel. «Mi representada sí contestó a todas las preguntas que le formuló el Excmo. Sr. Magistrado Instructor y no ha borrado ni uno sólo de sus mensajes o correos que en la actualidad sigue conservando íntegramente; del mismo modo que también mantiene los mismos número de teléfono y terminales, que no los ha cambiado desde hace muchos años». Tampoco utilizó, añade, una cuenta particular para la dación de cuentas al fiscal general: «se comunicó siempre a través de su secretaria y de las cuentas de correo oficiales». Esa actitud, a juicio del letrado, muestra «claramente la tranquilidad que desde el inicio de este procedimiento mantuvo Rodríguez en todo momento, convencida como lo estaba -y sigue estando- de que su actuación profesional y la dación de cuenta que llevó a cabo, como en tantas ocasiones, se había ajustado de forma escrupulosa a la ley y a las órdenes recibidas y en consecuencia, no eran merecedoras de reproche alguno».Sin embargo, el abogado lamenta que el juez Hurtado realice una crítica severa del comportamiento procesal de García Ortiz y no extraiga la «correlativa valoración del comportamiento contrario de mi representada». Y es que, lamenta ante la Sala Penal, el instructor «sólo tiene en cuenta aquello que perjudica a los investigados, excluyendo todo aquello que les beneficia y que de hecho debe llevar a excluir cualquier reproche penal de su conducta».El resultado de la instrucción, dice, no sólo no viene a confirmar los iniciales indicios, sino que, muy al contrario, «evidencia una realidad muy diferente a la del relato de la querella o denuncia inicial», por lo que la causa debe ser sobreseida.En su escrito ante la Sala, al que ha tenido acceso ABC, el letrado mantiene que Rodríguez «ni redactó, ni realizó modificación alguna, ni emitió, ni publicó ninguna nota informativa», en referencia al escrito del 14 de marzo en el que la Fiscalía desvelaba datos reservados relativos al procedimiento fiscal de Alberto González Amador, novio de Ayuso. «Es más, ni siquiera supo que se iba a publicar tal nota, sino que se limitó a realizar un examen superficial de un borrador elaborado por terceros (…)».La defensa enmarca la actuación de Pilar Rodríguez y la remisión de los correos a su jefe en la obligación estatutaria de dación de cuentas al superior, «una conducta absolutamente habitual en el día a día del Ministerio Público», dice.
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