Decenas de alcaldes de toda España se han concentrado esta mañana frente al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno -más concretamente, al Ministerio de Hacienda- las medidas que llevan meses pidiendo -años en algunos casos- para flexibilizar la financiación municipal, sujeta en este momento a un corsé que ha llevado a los entes locales (diputaciones, consistorios y cabildos) a acumular 45.000 millones en depósitos y efectivo; exactamente, es más del doble de lo que deben. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mantenido esta protesta a pesar de que ayer el Consejo de Ministros dio su beneplácito a la actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos -y de las CC.AA, por cierto-, pues en realidad esa medida debería llevar cinco meses aprobada. Con la actualización, el Gobierno «no hace ningún favor» a los ayuntamientos, ha aseverado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «Nos da lo que nos debe y nos lo da tarde y mal» (…) «Pretenden que esto sea una concesión graciosa del Gobierno de España a los ayuntamientos pero no , este es el dinero de los madrileños que han estado reteniendo indebidamente durante seis meses. Nos han estado amenazando con no darlos si no aprobábamos los presupuestos porque decían que sin presupuestos no lo podían hacer«, ha zanjado Almeida.Noticia Relacionada Pesimismo en ERC estandar Si Rufián ve «tocado» a Sánchez tras reunirse con él y llama a intervenir la vivienda en «lo que quede» Juan Casillas El portavoz de ERC se muestra pesimista sobre la viabilidad de la legislatura y aboga por una conjura de la izquierda ante la posible llegada al poder de «los corruptos ‘premium’»Además, Almeida ha criticado que la aprobación de un decreto específico para las entregas a cuenta haya llegado cuando el Gobierno estaba bajo la presión del caso Koldo. «Han chantajeado a los ayuntamientos durante estos seis meses con no darnos ese dinero que nos corresponde y si nos lo dan es porque ha saltado este escándalo brutal de corrupción», ha denunciado el alcalde. Como ya se ha avanzado, la actualización de las entregas a cuenta es solo la punta del iceberg del problema de la financiación local, aunque bien es cierto que la aprobación ayer del Real Decreto -que ahora deberá pasar al Congreso- será beneficiosa para los consistorios, pues su retraso, que se explica por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, ha llevado las cuentas locales a una situación límite. Todo porque en verano del año pasado, Hacienda anunció a los ayuntamientos que dispondrían de 26.893 millones en concepto de entregas a cuenta – el dinero que les corresponde por su participación en los tributos del Estado- para elaborar sus presupuestos de 2025, y esa fue la cantidad que utilizaron para planear sus gastos. Por supuesto, no hubo presupuestos -y es difícil que los haya-, así que el Gobierno trató de aprobar la actualización a través de un decreto ‘ómnibus’ que cayó porque era un cajón de sastre con el que el partido de Gobierno trató de sacar adelante muchas medidas no pactadas. Esto sumó a los consistorios en la incertidumbre, pues ante ellos se abría la perspectiva de tener que pasar el año con los fondos presupuestados en 2023, poco más de 22.600 millones. Si la Cámara Baja aprueba el real decreto, en fin, no será el caso, y los entes locales dispondrán de cerca de 29.000 millones del Estado, si se suma a las entregas a cuenta la liquidación correspondiente a 2023. La exigencia de fondo, pinchar la burbuja de ahorroSin embargo, y de ahí la protesta convocada hoy, quedan en el tintero las medidas menos urgentes pero más importantes . Sobretodo, la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma heredada de los años de ajuste tras la crisis de 2008 y que prohibió a los consistorios incurrir en déficit. El caso es que, en estos años, y a diferencia de las CC.AA. y el Estado, estos han cumplido con las previsiones del ajuste fiscal, que, en su caso, aseguran que son excesivas. En términos globales, pues hay que recordar que hay consistorios con los números en rojo, las deudas municipales están cubiertas. Valga este dato, y es que, a cierre de 2023, los entes locales disponían de 21.794 millones de euros en remanente de tesorería; es decir, lo que les queda en superávit agregado. Según explican desde FEMP, ese dinero podría usarse para muchas cosas, por ejemplo, para hacer inversión en vivienda. Pero en muchos casos queda sin usar, porque si los consistorios incluyen el remanente en sus presupuestos, debido a la regla de gasto europea posiblemente tendrán que presentar un plan económico financiero. Una opción alternativa es el recurso a las inversiones llamadas ‘financieramente sostenibles’, mecanismo que se creó en 2014 para liberar parte del superávit municipal vía la inversión en un listado de partidas, que, y ahí está uno de los problemas, es demasiado limitado.
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