Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , y que le condene a cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos. Así consta en su escrito de acusación, en el que pide tres años de prisión por el mismo delito para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Además de las penas, su letrado exige una multa para el fiscal general del Estado de 108.000 euros y para Rodríguez, otra de 36.000 euros así como una indemnización conjunta de 300.000 euros por los «perjuicios morales causados». A lo largo de 73 folios, el abogado de González Amador repasa minuciosamente los acontecimientos que se sucedieron en el seno de la Fiscalía durante la semana clave del 7 al 14 de marzo del pasado año: desde que el Ministerio Publico se percató de que el investigado por presunto fraude fiscal era González Amador hasta la elaboración de la nota de prensa en la que se también se revelaron datos de carácter confidencial que afectaron de forma directa al derecho de defensa de la pareja de Ayuso y cuya autoría asumió personalmente el fiscal general.El papel de García Ortiz en la revelación de secretos fue crucial , a juicio de la acusación particular, pues antes de que la Cadena Ser publicara «la transcripción literal» del correo del 2 de febrero, en el que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales en el marco de un acuerdo de conformidad, ningún medio había tenido acceso a ese mail. La revelación, dice la pareja de Ayuso, formaba parte de la «construcción de un relato institucional directamente orquestado, desarrollado y perseguido por García Ortiz, oculto, eso sí, bajo el pseudónimo de la Fiscalía de Madrid».La acusación particular ahonda, además, en el papel de Moncloa en la filtración al asegurar que, «a partir del 12 de marzo (un día antes de la filtración) tras trascender públicamente en ‘elDiario.es’ la investigación tributaria al novio de Ayuso, pasó a formar parte del contenido de la política de comunicación del Gobierno de España y del PSOE, en manos de Francesc Vallès». En esa misma línea, relata el papel del recientemente caído Santos Cerdán en el asunto al asegurar que la mañana el 13 de marzo, horas antes de la filtración, Cerdán se puso en contacto con el portavoz socialista madrileño Juan Lobato para transmitirle que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a pedir la dimisión de Ayuso en el Congreso, como así sucedió. «Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso», le dijo el ya exsecretario de Organización del PSOE. Todo ello consta a raíz de la línea de investigación que se abrió gracias a la publicación por parte de este diario, de la visita del socialista Juan Lobato al notario para dejar constancia de los acontecimientos que tuvieron lugar la mañana del 14 de marzo, cuando la número dos de Óscar López en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, le envió el citado mail para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid en el cara a cara que esa mañana iba a protagonizar con Ayuso. El relato de cómo García Ortiz borró su rastroEl escrito de acusación también se hace eco del borrado por parte de García Ortiz de mensajes y Whatsapp el mismo día en el que el Tribunal Supremo abrió causa penal contra él y cómo el análisis pericial del terminal clonado en el registro de su despacho profesional ni la información remitida a los operadores WhatsApp y Google «no han permitido rescatar los hechos digitales por el protagonizados», «fruto», según su relato de «las operaciones del acusado de cambio de terminal telefónico y de borrado de las copias remotas de los soportes».Recuerda el escrito que el fiscal general también cambió de móvil (una semana después de su imputación y una antes del registro) y recuerda que el anterior dispositivo todavía está en sus manos y que no lo ha aportado al juzgado «para que la imparcial fuerza actuante (UCO) pueda someterlo a su pericia, y ello por evidentemente contener unos (los borrados) y otros (los no entregados) el registro detallado de su actividad delictiva». «Nula actuación de la Fiscalía»Para la acusación particular no hay duda de la intervención del fiscal general en los hechos descritos, como También hay comentarios y alusiones «a la nula actuación de la Fiscalía durante esos días y momentos anteriores a la filtración: ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Provincial de Madrid iniciaron investigación alguna, ni por la revelación de la denuncia, expediente tributario y diligencias de investigación, ni por ninguna otra de las que le sucedieron».Igualmente, «tampoco efectuaron comunicación a González Amador de violación de seguridad alguna», «ni efectuaron comunicación a la Autoridad de control de datos de violación de seguridad alguna ni se dirigieron a los medios de comunicación y periodistas que habían publicado informaciones sobre el expediente tributario «para que cesaran en el tratamiento no permitido de los datos contenidos en las diligencias de investigación de la Fiscalía».
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