Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González realizó la primera reforma de las pensiones en España, todos los ejecutivos han buscado la fórmula mágica para preservar el sistema de reparto y equilibrar las finanzas de la Seguridad Social . Nadie en 40 años ha conseguido, sin embargo, dar con la tecla adecuada para estabilizar las finanzas del sistema, tensionadas por los pagos, la baja natalidad y por una sociedad envejecida que llama a las puertas de forma masiva. La generación del ‘baby boom’ comenzó a jubilarse en 2023 y continuará su desembarco sin pausa, poniendo a prueba las costuras de las finanzas públicas.Reformas paramétricas duras, menos duras, la realidad hoy es que los gastos de la Seguridad Social superan los 200.000 millones y que el sistema suma un déficit que supera los 126.000 millones, una factura que quedará para las siguientes generaciones. Los números rojos de la Seguridad Social aumentan de forma irremediable. En los últimos años el crecimiento de los ingresos ha sido histórico por factores como la creación de empleo y la subida de los sueldos, pero sobre todo por la espiral de subida de cotizaciones, una senda por la que optó la reforma de pensiones diseñada por el exministro José Luis Escrivá . Hoy se paga más y las exigencias para cobrar las jubilaciones son mayores pero el gasto es galopante: ha pasado de representar menos del 1% del PIB en 1977 al 12,6% en la actualidad.El tirón de los ingresos sigue demostrándose insuficiente para contener el déficit que registran las pensiones por el abultado gasto, disparado desde 2019 por la indexación de las nóminas al IPC y por el aterrizaje de los ‘boomers’. Factores todos ellos que han elevado los desembolsos en más de un 40% en apenas seis años. «El sistema de pensiones continúa acumulando tensiones a largo plazo pese a las reformas adoptadas en las últimas décadas, y las medidas aplicadas desde los años ochenta pueden haber servido para garantizar la estabilidad inmediata, pero a costa de endurecer las condiciones de acceso y trasladar parte significativa del esfuerzo a las nuevas generaciones», recoge en sus conclusiones un estudio del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides .El trabajo alerta de que los sucesivos ajustes han priorizado el equilibrio financiero a corto plazo sin abordar las causas estructurales que amenazan la sostenibilidad futura del modelo, especialmente el envejecimiento de la población y el descenso sostenido en la ratio entre cotizantes y pensionistas, a la vez que cuestiona la eficacia de las últimas reformas para afrontar el impacto del retiro de la generación del ‘baby boom’.Endurecimiento progresivoEl trabajo, que es el primero de una serie de cinco informes sobre este asunto, identifica una fase inicial, de endurecimiento progresivo, en la evolución de las reformas (1985-2013), con cambios significativos, como el aumento de los años necesarios para acceder a una pensión completa de 10 a 15 años que aprobó el primer gobierno socialista o la norma que recogió las recomendaciones del Pacto de Toledo en 1997, con medidas que supusieron un descenso de las cuantías futuras tras ampliar de 8 a 15 años el periodo de cálculo. Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y la ampliación del período de cálculo hasta los 25 años. También se introdujeron fórmulas automáticas de ajuste por el Gobierno de Mariano Rajoy, como el índice de revalorización de pensiones (IRP), que limitaba al 0,25% las alzas de las pensiones en época de crisis del sistema, y el factor de sostenibilidad, que desvinculaba la revalorización de las pensiones del IPC y las ligaba a la esperanza de vida.Las reformas 1985 y 1997 Con Felipe González el periodo mínimo de cotización pasó de 10 a 15 años y la base de cálculo de la pensión se amplió a los últimos ocho años. En 1997 ese periodo pasó a 15 años, las pensiones se ligaron al IPC, se impuso la separación de fuentes de financiación y se creó el fondo de reserva. 2001/2002 Fomento de la jubilación demorada y jubilación anticipada a los 61 años para los afiliados después del 1 de enero de 1967. En 2007 de endureció el retiro parcial. 2011/2013 La edad legal pasa de 65 a 67 años, el periodo de cálculo de 15 a 25, aumentan de 35 a 37 los años para cobrar el 100% de la pensión y se introducen incentivos para prolongar la vida laboral. Con la crisis de 2012 se crea el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. 2021/2023 La pensión vuelve a ligarse al IPC, se elimina el factor de sostenibilidad y se pone en marcha una batería de cotizaciones: MEI, destope de bases máximas y ‘cuota de solidaridad’.Reformas estas últimas del PP que se revirtieron por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que volvió a ligar las nóminas a la evolución de precios y eliminó el factor de sostenibilidad. En paralelo, se pusieron en marcha una espiral de subida de impuestos y cotizaciones. Es el caso del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) , un recargo de cotización, a lo que se unió un aumento de las bases máximas, además del destope de las mismas. Desde este año está en vigor una ‘cuota de solidaridad’ para pagar las pensiones a los sueldos de más de 59.000 euros. Soluciones contablesAunque estas medidas han contado con amplio respaldo político, el informe advierte de que se apoyan en proyecciones optimistas de empleo y crecimiento económico, sin afrontar las tendencias demográficas de fondo. «El MEI y el incremento de cotizaciones han funcionado más como soluciones contables que como reformas estructurales , por lo que el sistema se enfrenta a su mayor desafío con la jubilación masiva de la generación nacida entre los años 50 y 70, que tensionará aún más el modelo actual», dice el informe.El MEI fue muy cuestionado por el mundo académico, que rechazó la subida de cotizaciones de Escrivá por entender que no mejoraría la sostenibilidad y empeoraría la equidad intergeneracional. Uno de los principales focos de conflicto está en el peso añadido que llevarán sobre sus espaldas las generaciones más jóvenes , ya castigadas por la precariedad salarial y la falta de empleo, para afrontar los años de tensión financiera que tendrá el sistema debido a la jubilación de los ‘baby boomers’.
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