Las acusaciones particular y popular de la causa penal abierta al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo están presentando estos días sus escritos de acusación, en los que piden entre 4 y 6 años de cárcel para Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y, en el caso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a quien representa Juan Antonio Frago, también por prevaricación. -Hay quien piensa que la APIF está en esta causa por su inquina al fiscal general. ¿Por qué se personaron como acusación popular?-Porque la asociación entendió que la actuación del fiscal general del Estado era de una gravedad absoluta. La APIF es absolutamente apolítica y lo único que le interesa es el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal.-Además de revelación de secretos, ustedes ven prevaricación en la actuación de García Ortiz. ¿Cómo se cometió este delito?-Cuando el fiscal general dio la orden verbal fuera de todo cauce de trabajo, sin ningún tipo de norma de cobertura que permitiera acceder a una documentación absolutamente privada entre un subordinado y un externo, en este caso el abogado de Alberto González Amador [pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso]. Con esa orden se desprotegió el secreto de las comunicaciones entre fiscal y letrado. -Las defensas de los dos procesados dicen que no puede haber revelación de secretos porque el correo que comprometía a González Amador ya se había difundido en los medios…-No es cierto. No hubo ninguna revelación de ese correo hasta que aquella noche del 13 de marzo el fiscal general lo reclama al fiscal encargado del asunto a través de la fiscal jefa provincial de Madrid Pilar Rodríguez. No hay ni una referencia anterior a ese mail. García Ortiz lo recibe a las nueve y media de la noche y es a partir de ese momento cuando empiezan a conocerlo otras personas.-¿Usted cree que el borrado de mensajes por parte del fiscal general es un indicio más o considera, como la Abogacía del Estado, que como no se ha conseguido nada por esa vía, esto queda fuera de la instrucción?-Borrar cualquier tipo de prueba es un indicio de delito. Por supuesto que no es lo único sobre lo que se puede basar una condena, pero es un indicio periférico para que, unido a otros, se pueda considerar una prueba de la comisión del delito. Si incluirlo como indicio le genera indefensión, como argumenta su defensa, pues que no hubiera borrado nada. El fiscal general se ha estado riendo demasiado tiempo de nosotros y del Supremo, como cuando habló de un protocolo de borrado de los teléfonos que hemos sabido que no existe o como cuando recurrió la diligencia de volcado de móviles diciendo que se estaba accediendo a una información vital cuando sabía perfectamente que había borrado dichas comunicaciones. Hasta ha recurrido las comisiones rogatorias a Estados Unidos y a Irlanda, cuando una persona que considera que pueden existir pruebas que le exoneren de todo delito, en vez de recurrir esa decisión, la apoyaría para intentar acreditar su inocencia.-Como dijo en ABC el fiscal ya jubilado Salvador Viada, «nadie borra nada que le beneficia»…-Exactamente. El borrado es una burla más del fiscal general del Estado, tanto a la inteligencia de todos como, en última instancia, a la instrucción del Tribunal Supremo.Noticia Relacionada Salvador Viada, fiscal jubilado del Supremo estandar Si Salvador Viada: «García Ortiz destruyó pruebas» Nati Villanueva El hecho de que el fiscal general borrara todo el mismo día que el TS le imputó ya es un indicio, asegura el recién jubilado fiscal-¿Podía desobedecer Pilar Rodríguez la orden de recopilar correos que le dio el fiscal general?-Cualquier fiscal que considera que recibe una orden ilegal tiene la posibilidad, primero, de pedir que se la den por escrito, cosa que ella no hace, y además puede negarse a acatarla utilizando el trámite del artículo 27 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que impone que sea oído el Consejo Fiscal. -¿Cree que la filtración formaba parte de un plan para tumbar a una rival política?-Sí, y esto además se ha descubierto gracias a la información que publicaron ustedes sobre Juan Lobato y que llevó al análisis de sus mensajes. Se descubrió que el señor Lobato había tenido una serie de conversaciones inmediatamente después de la filtración del correo en las que se hace referencia a Santos Cerdán e incluso al presidente del Gobierno y a los problemas que estaba atravesando en ese momento: las elecciones de Cataluña, el asunto de Koldo, el de la esposa de Sánchez, asuntos sobre los que necesitaban hacer «mucho ruido».-Esto exigiría una connivencia entre el fiscal general y el Gobierno, claro.-Y eso es lo que yo creo que ha borrado el fiscal general, que ahora lamenta estar indefenso a efectos penales.-Ustedes piden la suspensión de García Ortiz en cuanto se abra juicio oral. -Es que el precepto es reglado. El artículo 145 del reglamento dice que esa suspensión es obligatoria para cualquier miembro del Ministerio Fiscal, y eso incluye al fiscal general. Nosotros tenemos que pedirlo y el órgano judicial tendrá que remitírselo a la Fiscalía General para que proceda. Sería un escándalo mayúsculo que se suspendiera de empleo y sueldo a la jefa provincial pero no al fiscal general del Estado. Pero ahora mismo son meras hipótesis. Ya veremos en su momento qué acciones adoptar si se incumple el deber establecido en el reglamento de la carrera. -En su último auto, el juez Hurtado cuestiona la actuación de la Fiscalía en esta causa. ¿Qué le parece el papel de la teniente fiscal?-Evidentemente es la primera de las abogadas defensoras de los dos investigados. Yo nunca jamás -y he sido fiscal 15 años- he visto que la Fiscalía recurra un auto de entrada y registro, ni una adhesión tan milimétrica a todos los recursos de las defensas. Nunca he visto a un fiscal achacando a un juez vulneraciones de derechos fundamentales de los investigados, casi imputándole una prevaricación. Desde luego está siendo una actuación sorprendente. -¿ Creen que la imagen de la Fiscalía está ahora en su peor momento?-Sin duda alguna este fiscal general del Estado es el que ha hecho tocar fondo a la institución.
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