«España es un país comprometido con el orden multilateral y con Europa. La gran lección que tenemos que extraer de todo lo que está ocurriendo es que Europa ha delegado y externalización durante muchos años en otros actores. Es hora de dar un paso al frente y de que Europa aumente sus capacidades en Defensa y Seguridad. Nadie mejor que nosotros mismos para cuidarnos. Lo hacemos por nuestro compromiso con Europa y por solidaridad con aquellos países (nórdicos, bálticos y de centroeuropa) que nos están reclamando la solidaridad que también nosotros reclamamos en la época de la emergencia sanitaria de la pandemia». Entre estas palabras pronunciadas por Pedro Sánchez y su decisión de romper unilateralmente el apoyo a la inversión en Defensa de hasta el 5% del PIB solo han pasado tres meses y una tamborrada de corrupción. El presidente del Gobierno ha vuelto al género epistolar para acabar con el compromiso de solidaridad europeo , que ha debido ser lo más ocurrente que ha pasado por la sesera de sus susurradores para levantar una cortina de humo ante lo que ya no hay neblina que pueda camuflar. La cumbre de la OTAN espera en unos días no sabemos si a Sánchez o a quien esté intentando situar en su lugar el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para continuar con el ‘buffet’ libre de comisiones venezolanas y chinas y que el conocido como ‘Foro de Puebla’ siga abrevando a sus anchas en las compañías participadas por la SEPI al menos otros dos años mientras pueden darle a la máquina de picar papel sin agobios de la UCO. El problema es que los grandes fondos inversores en Defensa han puesto pie en pared y, alertados de la subida trepidante del riesgo país por la corrupción televisada, han frenado sus planes para España . Significativo también resulta que un gran banco de inversión como JP Morgan haya pedido elecciones en nuestro país en busca de estabilidad ante los escándalos de corrupción que ya están afectando a la inversión. De momento, la ya olvidada prima de riesgo española ha escalado 11 puntos desde que estallara el escándalo tras la publicación del informe de la UCO.Noticia Relacionada Prefieren una coalición de PP y Vox estandar Si JP Morgan alerta sobre la incertidumbre por la «corrupción» del PSOE Daniel Caballero El mayor banco de Estados Unidos indica que los intentos de Pedro Sánchez por controlar la crisis en el Gobierno han sido «insuficientes»Eso, al mismo tiempo que desde el Gobierno se presentaba la candidatura para acoger una gigafactoría europea de inteligencia artificial , para situarla en Tarragona. Con la derecha le decimos a Europa que nones a la inversión en Defensa que exige la situación, y con la izquierda le pedimos recursos para canjearlos con los independentistas de Junts. Todo muy lógico y coherente. Más bien podrían haberse presentado a organizar el Mundial de la fechoría o los Juegos Olímpicos de la indecencia, con Koldo García, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y unos cuantos empresarios que, digamos, se convertirían en cómplices, como abanderados patrios.Lo que es la vida. Esta candidatura se ha coordinado, según el propio Gobierno, desde la Oficina Económica de Moncloa , que todavía dirige Manuel de la Rocha, el encargado de destituir un viernes por la tarde de enero a José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica en su sala de estar de Presidencia del Gobierno, en presencia de otros señores partícipes del asalto y sobre los que ahora se ha lanzado el Consejo de Transparencia, organismo independiente español responsable de velar por el cumplimiento de la buena gobernanza y el acceso a la información pública. Resulta que una misteriosa «reclamante» se dirigió al presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, apenas tres días después del golpe corporativo , para pedir explicaciones por el cese del primer ejecutivo de una compañía cotizada sin más luz que las informaciones aparecidas en prensa. La reclamante puso el foco sobre cuatro puntos a cual más interesantes y sobre los que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno no ha contestado una vez expirado el plazo legal para hacerlo. El primer punto reside en la solicitud de «copia de la convocatoria de la reunión realizada al presidente de Telefónica y a los demás participantes en la misma». La segunda petición es sin más concreta: «Relación de personas que estuvieron presentes en la citada reunión». La tercera demanda reclama «copia de la documentación donde constan los motivos por los que el Ejecutivo solicita la dimisión del presidente de Telefónica y la documentación remitida a otros socios solicitando el relevo de Álvarez-Pallete». Por último, y sobre lo que tampoco consta respuesta alguna de la Administración, se pone el foco sobre «la copia de la documentación remitida por Criteria Caixa u otros socios de Telefónica manifestándose a favor del relevo del presidente de Telefónica». No parece mucho pedir saber quiénes participaron en la destitución, cuáles fueron sus motivaciones y dónde las ejecutaron. El Consejo de Transparencia dictó esta resolución a finales de mayo y dio diez días hábiles al Ministerio de Félix Bolaños para que contestara, hecho que por el momento tampoco parece haberse producido. Desde el PP aseguran que siguen de cerca el caso. Mejor.
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