El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Castilla y León con sede en Salamanca ha autorizado el primer permiso ordinario de Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco jóvenes sevillanos condenados por la violación grupal de una chica en los Sanfermines de 2016, en el caso de agresión sexual más mediático de la historia reciente de este país, que tomó el sobrenombre del grupo de WhatsApp que compartían los cinco y algunos amigos más: La Manada . De esta manera, Cabezuelo, que tiene 36 años actualmente y fue expulsado en 2018 por el Ministerio de Defensa del Ejército tras diez años en dicha institución, abandonará durante cuatro días la prisión de Topas, en Salamanca, donde cumple condena de 22 años de cárcel por la violación de Pamplona, el abuso sexual de otra chica en Pozoblanco y una condena anterior por lesiones. Aún se desconoce la fecha en la que saldrá del centro penitenciario, según han señalado a este periódico fuentes judiciales. Alfonso Cabezuelo, precisamente, es el que más pena acumula y el único desde el 2019 que no está en manos del abogado Agustín Martínez. Fue entonces cuando asumió sus intereses el letrado Alberto Castejón, especialista en derecho penitenciario con quien este periódico se ha puesto en contacto pero ha declinado hacer declaraciones sobre esta última novedad que ha deparado el caso.En septiembre de 2023 el propio Cabezuelo remitió una carta a los medios en la que se desligaba de unas declaraciones de Agustín Martínez, dejando claro que el mediático letrado ya no llevaba su causa. En dicha misiva expresaba además su intención de cumplir su pena íntegra, de hecho, a diferencia de los otros condenados, no ha solicitado una rebaja de condena por la Ley del ‘sí es sí’.Medidas de controlEl permiso de salida exige informe técnico, que se haya extinguido la cuarta parte de la condena y que no se observe mala conducta. En el caso del exmilitar sevillano su solicitud para acceder al beneficio penitenciario venía avalada por el informe de la junta de tratamiento y de la propia Fiscalía. Según las citadas fuentes, en el caso de Cabezuelo se dan todos los requisitos que se requieren.De un lado, en la tabla de variables de riesgo –evalúa las posibilidades de quebrantamiento de permisos de salida por parte de interno– presenta un nivel muy bajo. Al mismo tiempo, los evaluadores de la junta de tratamiento de la prisión, en un informe aprobado por mayoría, según las citadas fuentes judiciales, tachan de «irreprochable» la conducta penitenciaria, exponiendo que Cabezuelo ha asumido los hechos que cometió (delitos de agresión sexual, abuso sexual o contra la intimidad de la víctima por la grabación de la violación); no está prisionizado –no ha adoptado la cultura de la prisión, lo que no dificultad su vuelta a la sociedad–; ha finalizado un grado de Psicología y ha iniciado otro de Sociología; al tiempo que ha realizado varios programas terapéuticos y cursos, como el de control de agresión sexual de forma individual o en forma grupal, y nuevas masculinidades, todos con buen desarrollo y evolución. En la cárcel, donde reside en el módulo de respeto, realiza labores de panadero . Además, lo que supone un factor «de manera valorable» es el pago de las responsabilidades civiles. De hecho, de las tres que tenía impuestas ha devuelto una en su integridad y las otras dos en parte, habiendo abonado ya más de 50.000 euros en total, entre lo pagado y la casa que la Justicia le embargó para resarcir a la víctima, que estaba valorada en más de 30.000 euros. Alfonso Cabezuelo cumplió el 1 de enero de 2023 una cuarta parte de su condena de 22 años, estando establecida el 29 de junio de 2039 el cumplimiento íntegro. Esto es, lleva en prisión ocho años . A todo esto se suma que cuenta con el respaldo y aval de su familia, con quienes convivirá los cuatro días de permiso en Sevilla, donde tendrá que personarse cada día en sede policial. A su vuelta tendrá que someterse a analítica de tóxicos. Actualmente no sufre adicciones. Éstas son algunas de las medidas de control fijadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Salamanca, cuya decisión se ha notificado a la Fiscalía, al director del centro penitenciario y al juzgado de Paz de Topas para su notificación al propio condenado. Igualmente, la representación legal de la víctima de los Sanfermines conocerá de la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, que puede ser recurrido en reforma.
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