Un juzgado de Barcelona ha reconocido que, entre 2015 y 2018, más de 3.500 repartidores de Glovo eran falsos autónomos . Lo ha anunciado la plataforma ‘Riders x Derechos’, y así lo recoge el fallo del Juzgado de lo Social 11 de la capital catalana, consultado por ABC, que declara la existencia de una relación laboral entre los repartidores y la empresa, tras una demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) hace cinco años. Aunque la sentencia no es firme y, por tanto, la compañía fundada por Óscar Pierre recurrirla. La resolución sostiene que la contratación de los repartidores por parte de Glovo durante ese periodo -el modelo ‘Slot 1’, que no es el que se aplica en la actualidad- se realizó bien mediante el contrato denominado «prestación de servicios» o utilizando el «contrato para la realización de actividad profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente». Los repartidores «no tenían ninguna relación mercantil suscrita con los clientes a los que recogían o entregaban los pedidos, siendo todos de la empresa de reparto, no pudiendo con ellos establecer ninguna condición distinta de la establecida por la empresa. Así, el fallo también apunta que los ‘riders’ adquirían el material distintivo de la compañía para trabajar -entre otros, la mochila amarilla- y que tenían prohibido el uso de otros logos que no fuesen los de Glovo. De la misma forma que tenían que descargarse la aplicación para trabajar a través de sus propios teléfonos móviles. Considera así probado la magistrada que Glovo decidía el precio del servicio, el método de pago y la remuneración. Los repartidores no cobraban de los clientes, sino de Glovo, que gestionaba el cobro y elaboraba las facturas con sus condiciones, remitiéndolas posteriormente para que los repartidores dieran su conformidad y pudieran cobrarlas. También que, «aunque no se cobraba si el servicio no se completaba, esto no implicaba que los repartidores asumieran el riesgo económico de la operación, pues la gestión del cobro con el cliente la efectuaba Glovo, quien pagaba al repartidor, periódicamente (cada 15 días) y lo hacía independientemente de las incidencias que hubieran podido surgir en los pagos/cobros entre la misma y los comercios y clientes».Concluye así la sentencia que Glovo se beneficiaba directamente del trabajo de los repartidores, «que solo ejecutaban encargos bajo condiciones impuestas por la empresa», y rechaza la juez que el hecho de que los ingresos de la empresa no deriven de la tarifa propia del reparto, «no obsta a considerar que el beneficio principal y en conjunto de la labor de los repartidores redundara en la empresa, lo cual resulta evidente».En definitiva, que obedecían «las directrices» de la compañía, a través de la plataforma -como infraestructura fundamental para la realización de su actividad- que conectaba a comercios y clientes-; siendo el repartidor el que se somete «a su control y dirección, sin tener margen de disposición en cuanto a la forma, lugar, tiempo y medio de prestación de servicio». Por todo ello, declara la existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena de 3.572 ‘riders’. Varios frentes judicialesCabe recordar que la semana pasada se celebró otro juicio contra Glovo , tras la demanda de Just Eat por competencia desleal , al reprochar las «desventajas de emplear» a los ‘riders’, frente al modelo de falsos autónomos de su competidor. Así lo apuntó el director general de Just Eat España, Íñigo Barea, durante la vista en un juzgado de la capital catalana, por la que reclama a Glovo 295 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios.No es el único frente judicial que tiene abierto la compañía. Y es que antes de que Pierre tuviese que declarar como investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras una denuncia que interpuso la Fiscalía, anunció que Glovo contrataría sus repartidores . Ante la juez negó que fuese una estrategia de defensa, pero sí admitió que con ello pretende evitar tensiones y «conflictos legales». El plazo para formalizar esa contratación es el próximo 1 de julio. Noticia Relacionada estandar No El CEO de Glovo admite ante el juez que pretende evitar conflictos legales con la contratación de los ‘riders’ Elena Burés La Fiscalía imputa a Óscar Pierre un delito contra los derechos de los trabajadoresAhora, otro juzgado vuelve a fallar a favor de los repartidores y declara la existencia de relación laboral de 3.572 de ellos, que, entre 2015 y 2018, operaban como trabajadores por cuenta propia para la aplicación de reparto a domicilio de las mochilas amarillas.
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