El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado este jueves que el órgano de gobierno de los jueces «carece de soporte normativo» que regule el derecho a huelga de los jueces y por tanto no procede tener por anunciada la huelga ni fijar servicios mínimos.Así se ha pronunciado el CGPJ en un acuerdo sobre la huelga impulsada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales -todas menos las progresistas- para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas que prepara el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal.Fuentes del CGPJ consultadas apuntan que en paros anteriores no hubo sanciones para quien secundó la huelga , y que el acuerdo adoptado por el Pleno va en el mismo sentido que todos los aprobados en relación con las convocatorias habidas desde 2009. En este sentido, indican que en el día de hoy también se ha rechazado un documento impulsado por el ala progresista que instaba al CGPJ no sólo a abstenerse de reconocer el derecho a huelga de los jueces o a fijar servicios esenciales, sino que debía reservarse las actuaciones correspondientes «por la convocatoria de una movilización claramente ilegal». No afecta al repartoEl Pleno, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad el punto primero del día en el que indican que, como ya dijeron en 2009, 2012 y 2013, «el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos». Ya por mayoría, los vocales del CGPJ indican que los jueces que vayan a la huelga deben saber que este nuevo paro «en ningún caso (…) debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable». Por otro lado, recuerdan que, a su juicio, la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que impulsa el Ejecutivo de Sánchez »rebaja considerablemente los requisitos ordinarios» de acceso por el turno libre o por el denominado ‘cuarto turno’, y esto menoscaba «el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas». También explica el texto aprobado por mayoría que el Pleno reconoce a los integrantes del Poder Judicial «los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables». Y apela, como ya hizo la Comisión Permanente en mayo, «a la responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales».
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