El Ministerio de Función Pública ha pactado con CSIF y UGT la convocatoria de 1.000 plazas de empleo público en una oferta extraordinaria con la que busca garantizar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), paralizada desde el pasado mes de septiembre. Estas nuevas plazas permitirán el relevo del personal que opte por la jubilación anticipada parcial. CC.OO. no lo suscribió «pese a ser uno de los sindicatos causantes del retraso en la aplicación de este derecho, junto a UGT, puesto que no se contemplaron las particularidades del empleo público en la norma general», aseguró la central que dirige Miguel Borra .Las fechas en la que será efectiva esta jubilación parcial serán «como pronto» a final de año , según ha explicado. El sindicato ha celebrado el reconocimiento efectivo de este derecho, pero también ha avisado de que seguirá trabajando para que este derecho sea también reconocido al personal funcionario y estatutario.«Esta oferta extraordinaria es solo un parche temporal ya que las próximas plazas de relevistas estarán vinculadas a las ofertas de empleo del año correspondiente. Previamente se negociarán las especialidades de estas plazas y se concretarán el resto de las características de las mismas (grupo profesional, localización geográfica, etc.)», asegura el sindicato de funcionarios. Añade que «una vez resuelto el proceso y de manera inmediata, se aplicará la jubilación a las personas que ya la tenían solicitada y cumplan los requisitos, y posteriormente se atenderán de manera progresiva las siguientes solicitudes».Pérdida de trabajadores Pese al acuerdo en las plazas para el retiro parcial del personal laboral, el sindicato de funcionarios exige a Función Pública que «aporte de una vez» las cifras que permitan llevar a cabo la oferta de empleo público ordinaria para 2025. «Estamos muy preocupados y no podremos firmar una oferta que mantenga la tasa de reposición y que no compense la pérdida de efectivos de la última década. Además, hay miles de plazas que caducan -dicen- por la lentitud de los procesos selectivos».Asegura CSIF que «esta situación nos parece una irresponsabilidad y lo van a pagar nuestros empleados públicos y los ciudadanos con un peor servicio público. Las plantillas están superadas por la carga de trabajo, como ocurre, por ejemplo, en el SEPE, la Seguridad Social, las Oficinas de Extranjería o la DGT». Recuerdan también que está pendiente el 0,5% adicional de 2024 y la subida de sueldo para este año, pendientes desde enero.
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