El Tribunal Supremo de EE.UU. ha otorgado este viernes una importante victoria al presidente Donald Trump al frenar el poder de los jueces federales individuales para bloquear las acciones ejecutivas del mandatario norteamericano.En un fallo de 6-3 derivado de la oferta de Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el tribunal dijo que las medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores « probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado» a estos organismos.El máximo tribunal no se ha pronunciado de inmediato sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.Noticia Relacionada estandar Si EE.UU. empezó a preparar el ataque a instalaciones nucleares subterráneas de Irán en 2009 Javier AnsorenaEl tribunal, que no se ha pronunciado de inmediato sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha ordenado a los tribunales inferiores que reconsideren el alcance de sus medidas cautelares.«Nadie discute que el Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Sin embargo, el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacer cumplir esta obligación. De hecho, a veces la ley prohíbe al Poder Judicial hacerlo», ha escrito la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que ha escrito el fallo.Ciudadanía por derecho de nacimientoEn su primer día de regreso al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país que no tengan al menos un padre estadounidense o residente permanente legal, también llamado titular de una «tarjeta verde».A más de 150.000 recién nacidos se les denegaría la ciudadanía anualmente bajo la directiva de Trump, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes.El caso ante el Tribunal Supremo ha sido inusual en el sentido de que la Administración lo utilizó para argumentar que los jueces federales carecen de autoridad para emitir medidas cautelares a nivel nacional, o «universales», y pidió a los jueces que fallaran en ese sentido y aplicaran la directiva del presidente incluso sin sopesar sus méritos legales.
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