El 16 de noviembre del 2023 Pedro Sánchez fue investido por segunda vez presidente del Gobierno, en esta ocasión en primera vuelta, con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, la que le daban los siete votos de Junts per Catalunya. No lo hubiera logrado sin la amnistía a Carles Puigdemont que solo unos meses antes, durante la campaña electoral, el jefe del Ejecutivo negaba que fuese posible o incluso constitucional. Aquel día, después de la votación, Santos Cerdán y su número dos en la Secretaría de Organización, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, eran los más aclamados, vitoreados y achuchados incluso de todo el Grupo Parlamentario Socialista y por los miembros del mismo. Por detrás, claro está, del propio Sánchez. Pero solo por detrás de él. Hace solo un año y medio, Cerdán aparecía como un héroe para los suyos. Ahora, a 48 horas de su primera declaración ante el Tribunal Supremo, no queda ni rastro de esos tiempos de gloria política del navarro, caído en desgracia y convertido en el principal quebradero de cabeza del Gobierno y el PSOE. Los abrazos a Cerdán y a su segundo de los diputados socialistas, que se prolongaron incluso hasta el patio que divide el Palacio de las Cortes de la ampliación, eran consecuencia directa del acuerdo cerrado con Puigdemont personalmente por Cerdán apenas unos días antes, en Bruselas, tras una intensa negociación de semanas. Y para alcanzar ese acuerdo la amnistía era condición ‘sine qua non’. Como mínimo, que hubiese una ley presentada por el Gobierno o el partido que lo sustenta y que fuese en serio. Noticia Relacionada estandar No De la «hora feliz» de Illa al «no resuelve nada» de Junts: las reacciones al aval de la ley de Amnistía del Tribunal Constitucional C. M. y D.Y. Las principales figuras de la política española como Page, Turull o Ayuso han mostrado sus opiniones acerca de la decisiónPor eso Félix Bolaños, aún como ministro de la Presidencia en funciones, registró una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, cuya aprobación sería la prioridad de los primeros meses del nuevo mandato de Sánchez. Pero fue Cerdán, por primera vez llamado a tareas de alta negociación política y no meramente de logística y organización, su especialidad, el encargado de darle garantías a Puigdemont, en una relación bilateral que poco a poco fue consolidándose. El lunes 30 de octubre de ese mismo 2023 la relación se oficializó con una foto de ambos en las dependencias de Junts en el Parlamento Europeo junto a otros dirigentes socialistas e independentistas. Era el primer gesto de blanqueo del Gobierno hacia el expresidente catalán fugado de la Justicia, al que Cerdán empezó a llamar «exiliado». La imagen trajo cola, porque en las fotografías y vídeos difundidos por el PSOE (no se permitió el acceso a la prensa) se observaba un extraño gran angular, algo muy inhabitual en ese tipo de imágenes. Pronto se descubrió el pastel. La intención del departamento de comunicación de los socialistas, controlado férreamente hasta su salida hace semanas por Cerdán, no era otra que ocultar el cuadro gigante con una urna del referéndum ilegal del 1 de octubre bajo el que ambos habían elegido retratarse. Un no para presionarDespués de todas estas peripecias comenzó su recorrido parlamentario la ley de amnistía, que iba a aprobarse inicialmente por el Pleno del Congreso el 30 de enero del 2024. Pero Junts se posicionó en contra de la votación de conjunto. Esto provocó que la norma regresase a la Comisión de Justicia y que las negociaciones entre el PSOE y los independentistas se intensificasen. Los separatistas temían que Puigdemont quedase fuera de su aplicación por la investigación por delitos de terrorismo a Tsunami Democràtic. La redacción se fue puliendo hasta que se terminaron eliminando las referencias al Código Penal español y solo se excluían del olvido legal los actos considerados como terroristas por la legislación europea. Bolaños afinaba el texto hasta el máximo a gusto del independentismo –tras haber dicho que no se iba a tocar ni una coma en lo referente a terrorismo– y Cerdán trataba de convencer a Puigdemont, incluso con reuniones ya en Ginebra (Suiza) con un mediador internacional, tal y como el expresidente catalán había exigido. Junts pretendía que directamente el terrorismo no estuviese excluido de la amnistía, pero los socialistas sospechaban que eso no iba a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Tras su paso por el Senado, que la vetó, y ya sin necesidad de nuevas negociaciones tras el acuerdo definitivo entre PSOE, ERC y Junts el 7 de marzo del año pasado, la clave de bóveda de la legislatura vio la luz verde definitiva el 30 de mayo, con 177 votos a favor y 172 en contra. Unos número muy similares a los de la investidura, inseparable de la amnistía que ahora ha avalado por la mínima el Tribunal Constitucional .
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