La oposición a Pedro Sánchez no solo se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados o el Senado. Hay una tercera Cámara, en este caso autonómica, desde donde se ha producido un marcaje estrecho al Gobierno y donde se han aprobado iniciativas dirigidas directamente a La Moncloa para que tome buena nota de la posición de la Comunidad de Madrid. En la Asamblea, en estos dos primeros años de la legislatura de la mayoría absoluta del PP de Ayuso , se han aprobado 20 proposiciones no de ley impulsadas por los populares, que se lanzaron desde Vallecas como misiles contra algunas de las acciones del Ejecutivo presidido por Sánchez, y que afectan a ministerios como los de Interior, Justicia, Transportes, Cultura y Sanidad. De manera paralela a la actividad legislativa que ha llevado a cabo el Parlamento madrileño, con 18 leyes aprobadas hasta el ecuador de legislatura, incluidos dos Presupuestos regionales, más la última reforma del Reglamento, la mayoría de la Asamblea ha hecho una vigilancia constante y estricta a la acción del Gobierno de Sánchez. En octubre de 2023, nada más empezar la legislatura, el Pleno de la Asamblea envió el primer aviso, por la amnistía a los golpistas independentistas. Con los votos del PP y de Vox se instó al Ejecutivo a rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado. También se pidieron acuerdos de Estado entre los dos partidos mayoritarios para evitar que la sociedad española se vea sometida a las exigencias de los independentistas. Eso fue hace casi dos años. Ahora nadie plantea ya en la Asamblea ningún ‘acuerdo de Estado entre los dos partidos mayoritarios’, en ningún sentido.La oposición al Gobierno de Sánchez solo acababa de empezar. La segunda iniciativa aprobada fue otra advertencia directa a La Moncloa desde la Cámara madrileña, para que reconociera que España «es una Nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley» y rechazara cualquier proyecto que tratara de romper esa igualdad. También se instó al Gobierno a activar un modelo de financiación autonómica que garantizara la igualdad ante la ley y de oportunidades de todos los españoles. El ‘concierto catalán’ que pactó el PSOE con ERC aún estaba lejos, pero también tendría su respuesta desde Vallecas, con una comisión de estudio para denunciar sus efectos en Madrid.Noticia Relacionada estandar Si Ayuso trae de Nueva York una inversión de 460 millones en Inteligencia Artificial para Sanidad y Educación Mariano CallejaYa en 2025, mientras Sánchez presumía del centenar de actos que iba a imponer por toda España para celebrar la muerte de Franco, desde la Asamblea se exigió al Gobierno la derogación de la ley de Memoria Democrática y la restitución de la Transición y sus valores. La veintena de proposiciones no de ley impulsadas por la mayoría absoluta del PP han sido una sucesión de mensajes críticos al Gobierno y advertencias en diferentes frentes. Uno de ellos fue el de la fiesta nacional. El Pleno exigió al Ejecutivo el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural frente a los ataques ideológicos y el mantenimiento del Premio Nacional. Además, se reprobó al ministro Urtasun. La iniciativa tuvo el voto a favor de PP y Vox, frente al rechazo de Más Madrid y la abstención del PSOE. El ministro de Cultura estuvo en el foco en otra iniciativa aprobada por la mayoría, en la que se exigía al Gobierno que renunciara a la «imposición de un falso relato acorde con la ‘leyenda negra’ en los museos nacionales». Hubo un mensaje especial doble para el ministro Óscar Puente, cuando el Parlamento madrileño exigió más inversión para Cercanías y una mejora del servicio, ante los continuos incidentes que se producen. El Ministerio del Interior no se libró del ‘control’ madrileño: desde la Asamblea se reclamó al ministro Marlaska más personal de Guardia Civil en la región y la equiparación salarial urgente de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. El Ministerio de Justicia también estuvo en el foco: en el último Pleno de este curso se exigió la retirada inmediata de la ‘ley Bolaños’ por atentar contra la división de poderes. Y no se olvidaron de la ministra Mónica García, con recado especial para que se potencie la atención primaria, para que se aborde la falta de especialista de Medicina de Familia y para que se facilite la creación de mil plazas formativas cada año. La Asamblea también se pronunció sobre las centrales nucleares, pidió ampliar su vida útil e instó a la revisión del calendario de cierres, «eliminando criterios ideológicos en favor de los técnicos y de seguridad». Y justo antes de este verano, desde el Pleno se exigió al Gobierno total transparencia sobre las causas del apagón del 28 de abril. «Díganle al puto amo que dé la cara», exclamó un diputado del PP a la bancada de la izquierda. La ‘oposición’ de la Asamblea a Sánchez alcanzó los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la oferta de empleo público de la Administración de Justicia, la política energética, la Política Agraria Común, el hundimiento demográfico y el agua, con la exigencia de un Pacto Nacional.
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