El enfoque menos prescriptivo anunciado por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en los trabajos y análisis sobre temas de política económica del supervisor empieza a materializarse de una forma bastante singular. La institución ha difundido este martes un artículo del boletín económico correspondiente al tercer trimestre del año bajo el título ‘El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del impuesto sobre sucesiones y donaciones’, en el que a pesar de ese ‘posible’ y ese ‘hipotéticas’ viene a sugerir al Gobierno una reforma de la regulación actual del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que desarme las modificaciones a la baja introducidas por los gobiernos de las comunidades autónomas y que según sus estimaciones podría generar hasta 7.000 millones de euros extra para las necesitadas arcas autonómicas.«El objetivo del presente artículo es presentar una herramienta analítica del impuesto sobre sucesiones y donaciones que permite simular el impacto recaudatorio de distintas reformas hipotéticas de este impuesto«, subraya el artículo, que justifica el ejercicio en la existencia de herramientas analíticas similares generadas por el Banco de España para otros impuestos como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales, »y el enfoque metodológico descansa en la utilización de un modelo de microsimulación que permite estimar la recaudación bajo diferentes diseños del impuesto», explica.Noticia Relacionada estandar Si Escrivá se escuda en otros bancos centrales para negarse a evaluar las pensiones Daniel Caballero El gobernador defiende su reestructuración del Banco de España para trabajar de una forma «más horizontal, por proyectos»Esos diferentes diseños del impuesto que ha tenido en cuenta el Banco de España desactivan básicamente capa por capa las diferentes medidas de rebaja fiscal que han ido adoptando los gobiernos autonómicos en los últimos años: la aplicación de bonificaciones sobre la cuota resultante del impuesto, el ajuste a la baja de las escalas de gravamen previstas en la normativa estatal de base, la intensificación de las reducciones por parentesco previstas en la legislación del Estado y en última instancia el resto de ajustes introducidos en otros parámetros por las comunidades autónomas. Es decir, que a grandes rasgos se simula que ocurriría si se restableciera lo que preveía la ley estatal y se desactivara lo que los gobiernos autonómicos han venido haciendo desde que en 1996 se les cedieran la capacidad normativa sobre el impuesto.El resultado es previsible: que la recaudación se incrementaría . El ejercicio del Banco de España parte de la base del año 2022 cuando la recaudación obtenida por este impuesto supuso un 0,23% del PIB doméstico, lo que sitúa ese umbral por debajo de la media europea del 0,15% (teniendo en cuenta que hay varios países en los que esta figura no existe) pero por debajo del 0,8% que se obtiene en Francia o el 0,6% que se obtiene en Bélgica. La ‘posible’ recaudación de las ‘hipotéticas’ reformas que simula el Banco de España mejoraría de forma significativa esa recaudación, hasta el 0,43% del PIB si se eliminaran las bonificaciones sobre la cuota del impuesto establecidas en casi todas las comunidades autónomas; hasta el 0,46% en el segundo escenario; hasta el 0,67% si además se desactivaran las reducciones extra aprobadas; y hasta el 0,74% del PIB si se restablecieran todos los parámetros de la legislación estatal. En euros contantes y sonantes, la mejora recaudatoria llevaría los ingresos de 3.200 millones de euros registrada en 2022 hasta los 10.200 millones de euros, nada menos que 7.000 millones de euros más.Escrivá se desentiende El Banco de España presenta el informe como una herramienta analítica a disposición de los decisores gubernamentales, pero le recuerda de forma explícita al Gobierno que tiene un plan de ajuste fiscal por cumplir -que el gobernador ya se encargó de recordar que no es lo suficientemente concreto como para ser considerado suficiente por la institución- y también una reforma de la financiación autonómica, que debe entre otras cosas garantizar unos recursos suficientes a las comunidades autónomas.En un movimiento muy inusual fuentes oficiales del Banco de España se desentendían este martes horas después de difundirlo desde los canales oficiales de comunicación del banco del contenido del informe y recalcaban que su contenido representaba exclusivamente la visión de sus autores, Isabel Micó y Roberto Ramos –dos investigadores del Departamento de Análisis Económico del supervisor– y no la de la institución, a pesar de que el artículo se incluye en uno de los principales documentos que emite: el boletín económico. El argumento de estas fuentes oficiales es que «la línea del Banco de España es la de los documentos oficiales que se aprueban en los órganos de gobierno «, es decir, los que pasan por las instancias en las que está presente el gobernador, mientras que el resto serían responsabilidad exclusiva de los investigadores del banco y no expresarían ni la posición ni la visión de la entidad, pese a elaborarse con sus recursos y su membrete.La interpretación trasladada por los canales oficiales de comunicación del Banco de España no parece coincidir ni con la expresada hace apenas unas semanas por el ya ex director del Departamento de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que apeló de forma general y sin ningún tipo de distinción a los documentos y artículos difundidos en el pasado por el Banco de España para conocer la opinión de la institución sobre la sostenibilidad de las pensiones, ante las preguntas por la insólita ausencia de referencias al asunto en el último informe anual de la institución -que desencadenó su salida-, ni con lo que se indica en la propia página web del Banco de España, que señala de forma expresa que desde el año 2023 los artículos analíticos incluidos en el boletín económico del Banco de España f orman parte a todos los efectos del boletín económico , que según se recoge en la home de la entidad «aglutina desde 1979 las piezas de análisis económico y sobre coyuntura elaboradas por la institución».
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