Convocados por cinco de las siete asociaciones que representan a ambos colectivos, alrededor de un 75% de jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga con la que protestan contra las últimas reformas del ministro Bolaños al considerar que merman la independencia judicial y suponen, por tanto, un retroceso en el Estado de derecho. Se trata de la ley de acceso a la carrera, que, como han recordado los representantes de las asociaciones, crean dos vías de acceso a la judicatura penalizando al opositor y orillando mérito y capacidad; y la reforma del Estatuto fiscal, que no blinda al fiscal de a pie ante el cambio de modelo procesal que va a suponer dejar la instrucción penal en manos de los fiscales en lugar de en los jueces, como hasta ahora. Los colectivos profesionales convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han tildado de «éxito» esta primera jornada y han pedido perdón a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, que, según han denunciado, el Ministerio no ha hecho nada para impedir. En una rueda de prensa conjunta los cinco portavoces han querido dejar claro, como hicieron en la concentración del sábado ante el Supremo, que la huelga no va contra iniciativas legislativas, que no es una injerencia en el poder legislativo, sino que intentan «salvar el poder judicial», algo que incumbe a todos los ciudadanos. Por su parte fuentes de Justicia aseguran que en este primer día de huelga «ha habido normalidad casi absoluta» en juzgados y fiscalías y que a las seis de la tarde ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General ni las asociaciones de jueces habían comunicado al Ministerio «ningún dato de una persona que haya secundado el paro». La portavoz de la mayoritaria AF, Cristina Dexeus, ha celebrado el seguimiento de la huelga por parte de la carrera fiscal, lo cual tiene mérito, ha dicho, teniendo en cuenta las amenazas veladas del fiscal general que han llevado de las asociaciones a recurrir el escrito en el que dejaba prácticamente sin contenido el derecho de huelga al obligarles a ir a todas las actuaciones en las que fuera obligatoria su presencia y a aquella fijadas con anterioridad a la convocatoria. Desde la APIF, Salvador Viada, jubilado ya como fiscal del Supremo, ha hecho hincapié en el contexto en el que anuncian estas reformas judiciales: se pretende el «control político de las investigaciones» dando la instrucción penal a los fiscales sin reforzar antes su autonomía. El efecto de esto, ha dicho, es que la investigación penal estará en manos del Gobierno de turno. «¿Esto no afecta a la independencia judicial?», se ha preguntado. Y en respuesta al emplazamiento de Bolaños a jueces y fiscales para «que se lean los textos», Viada ha contestado: «Claro que sabemos leer pero nos llevan a un callejón sin salida». Viada ha alertado de que el Estado de derecho «se está socavando día a día por parte de un Gobierno acechado por la corrupción». Incorporación de 1.004 sustitutos Las asociaciones no saben todavía cuál será el siguiente paso después de estos tres días de huelga. De momento, se reunirán el viernes para hacer un balance y estudiar los siguientes pasos. No contemplan otra opción que no sea a retirada de la ley de acceso que va a supone la regularización de 1.004 jueces sustitutos en una carrera de cerca de algo más de 5.000 togados. Las asociaciones quieren desvincular sus iniciativas de la política y de reivindicaciones corporativas. «Hemos visto muchas reformas anteriomente», ha subrayado la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, aludiendo a reformas como la de la sedición o a la ley de eficiencia, entre otras. Sin embargo, las de ahora afectan de lleno al Estado de derecho. «Esto es una defensa de lo que somos como sociedad», y ahí el salto cualitativo.Del Barco ha asegurado que han hecho lo que han podido. «Hemos ido de forma lenta, con cautela», frente a la tramitación urgente que impone el ministro. Todos los portavoces han coincido en que la huelga tiene argumentos profesionales de peso. Además de esa regularización de los sustitutos, critican el acceso al turno turno regalando cinco años de antigüedad para nombramientos discrecionales o la potilización de la comisión de ética judicial o la elección de los jueces de la Sala de Gobierno de los tribunales. Sin informaciónFuentes de Justicia señalan que «la única cifra oficial del seguimiento de una huelga» es la de quienes comunican su participación en el paro, que a los que tiene que detraer el sueldo. En este sentido subrayaron que a las seis de la tarde ni el CGPJ, ni la FGE, ni las asociaciones de jueces y fiscales habían comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro.El Ministerio había solicitado al CGPJ y a FGE que cada día en el que estén convocados estos paros le informe, antes de las dos de la tarde de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo «con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden», lo que ocurre con cualquier trabajador en una huelga. Justicia se reitera en que «no hay una sola línea que afecte a la independencia judicial o el Estado de Derecho», por lo que no tienen intención de retirar las reformas.
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