Pese a que se aprobó crearla pocas semanas después de la barrancada que sesgó 228 vidas, la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre en las Cortes Valencianas ha iniciado este martes los trabajos -con las primeras comparecencias de técnicos y el habitual ambiente bronco entre los grupos políticos- para dejarlos en suspenso hasta después del verano.Diecisiete asociaciones de víctimas han sido invitadas a participar en la misma, algo que no ocurrirá hasta el próximo periodo de sesiones, cuando habrá pasado casi un año de las inundaciones. Un largo espacio temporal que contrasta con la rapidez con la que se activaron comisiones similares en la Diputación de Valencia o el Senado. De hecho, uno de los expertos citados a esta primera sesión, ya participó en la de la Cámara Alta. Los seis han coincidido en una tesis: la necesidad de disponer de financiación para acometer obras que quedaron en el olvido con la crisis económica y educar a la población ante una emergencia que puede volver a repetirse en un contexto de cambio climático.El PSPV-PSOE y Compromís han criticado que los damnificados no sean los primeros en comparecer, mientras el PP y Vox han defendido su plan de trabajo. Los populares también han cargado contra los socialistas ante la negativa del Gobierno de aportar documentación de los organismos estatales -como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Agencia Estatal de Meteorología- al entender que deben responder ante las Cortes Generales.La intervención del arquitecto urbanista Julio Gómez-Perretta, hijo del autor del Plan Sur de Valencia, ha estado marcada por la polémica, después de que el portavoz socialista, José Muñoz, le reprochara que escribiera un artículo en Las Provincias el pasado 14 de noviembre -pocos días después de la tragedia- titulado ‘Sánchez y la izquierda miserable’, muy crítico con la gestión del jefe del Ejecutivo central. «Solo se dedica a insultar al presidente del Gobierno, a insultar a la oposición y a defender el trabajo de Carlos Mazón», ha apuntado.Noticias relacionadas estandar No Los diputados de las Cortes Valencianas tendrán hasta dos años de ‘paro’ al final de la legislatura Toni Jiménez estandar No El 45% del transporte valenciano por carretera sigue afectado por la dana ocho meses después ABCMuñoz le ha recordado que acudía a la Cámara en su «condición de experto» y no como «opinador», al tener a su juicio un «sesgo político tan pronunciado». También le ha advertido de que podría estar «usurpando un asiento que le permitiría a otros expertos que desde un punto de vista objetivo intentarían mejorar el conocimiento sobre estas cosas». «Creo que no es el sitio adecuado para usted. No sé si su sitio es este o sería más bien el de portavoz del PP o Vox », ha aseverado, entre reproches de la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox) y otros representantes de la derecha. En una de sus intervenciones, Gómez-Perretta ha defendido que no tiene «ningún sesgo político» y ha considerado «fuera de lugar» las críticas ‘ad hominem’ del PSPV-PSOE. Alineado con el resto de técnicos en cuanto a lo urgente de construir presas y nuevas conexiones entre barrancos, se ha referido a la diferencia entre la «sostenibilidad y el respeto a la naturaleza» con el hecho de «no entender que la naturaleza a veces es muy agresiva, radicalmente intempestiva y que afecta a la vida humana». «Es verdad que hay una cierta sensación de que tocar la naturaleza está prohibido y se confunde a veces esa intervención en la naturaleza necesaria con una agresividad que no existe», ha reflexionado.«Impulso político»Respecto a las obras hidráulicas que dejaron de hacerse durante veinte años en España, el ex decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana Federico Bonet, ha aseverado que «los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -donde él trabajó- son totalmente insuficientes» para poder abordarlas. «Si no hay ese impulso político, la Confederación poco puede hacer», ha sostenido.Bonet ha lamentado la falta de coordinación entre los organismos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que dirigía la crisis: «En una entidad que se ocupa de una emergencia no se puede estar mirándose unos a otros por encima del hombro, a ver si le puedo o no pillar en falta, tratar de esconder información». «Muchas veces no se deja trabajar a los técnicos y la administración está excesivamente politizada», ha agregado.Por su parte, el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana, Javier Machí, ha abogado por reformar la Ley de Aguas de 2001 para incorporar como principio «salvar las vidas humanas» y «no solo el medioambiente y la naturaleza». Así lo reclama también una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada la semana pasada.Además, el ingeniero Jorge Paciarotti ha indicado que el proyecto que redactó para encauzar el barranco del Poyo -que no se hizo pese a tener la declaración de impacto ambiental en 2011- «habría reducido enormemente la altura de la inundabilidad, el arrastre de sedimentos y la altura del agua», ocasionando menos daños y víctimas. Una actuación presupuestada en 250-300 millones de euros que podría haberse ejecutado en siete años y que ahora debería actualizarse.
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