Cataluña y País Vasco quedan oficialmente excluidos del reparto de menores inmigrantes no acompañados que han pasado algo más de un año hacinados en centros de Canarias. Fuentes del Gobierno confirmaron a ABC que la cifra oficial de 4.400 niños pendientes de traslado se ha reducido a 3.975 lo cual «ha dejado fuera del reparto» a ambas comunidades autónomas.Ha sido una negociación agónica, meses en los que los acuerdos alcanzados y las disputas entre Gobierno y el resto de territorios no terminaban de salir de las moquetas y los despachos para afrontar la crisis humanitaria que atraviesa Canarias en solitario desde hace más de un año, pero finalmente el reparto de los menores avanza a pesar de la oposición que han mostrado las comunidades autónomas. La cifra que se ha barajado durante meses de 4.400 menores (4.00 de Canarias y 400 de Ceuta) desciende ahora a 3.975. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia confirmaron a este diario que se debe a que la reforma que se planteó del la ley de extranjería serviría para paliar situaciones de contingencia migratoria, y tras los últimos cálculos, esta última cifra serviría para destensar finalmente los centros de la islas y la ciudad autónoma. Según ese nuevo cálculo, Cataluña y País Vasco se quedan fuera del reparto, que era su aspiración final. Esa reforma de la ley de extranjería en su artículo 35 se llevó a cabo mediante un real decreto pactado con Junts, que siempre defendió que su territorio era uno de los más tensionados y que no tardó en adelantar ese acuerdo a los medios en marzo jactándose de que Madrid sería de las comunidades que más esfuerzo de acogida hará esta ocasión. El decreto pivota sobre la premisa de que aquellas comunidades que hacen un esfuerzo menor de acogida de niños en situación de desamparo, son los que más plazas deberán aterrizar. Y esa ha sido la gran disputa en las innumerables reuniones que se han celebrado desde la convalidación del decreto hasta hoy. Los criterios para determinar el número de menores por comunidad son los mismos que se han pactado en otras ocasiones en Conferencia Sectorial de Infancia, pero una ponderación distinta de estos han empujado a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana (todos territorios gobernados por el Partido Popular) a lo más alto de la lista asumiendo la tutela de casi 2.000 niños en conjunto. La mitad de todos los menores que han de ser trasladados.En el caso de la capital, estos 647 nuevos niños se suman también los 400 solicitantes de asilo, también menores de edad sin referentes parentales, que serán dados de alta en el sistema de protección internacional y trasladados a un centro dependiente del Ministerio de Migraciones en Pozuelo después de que el Tribunal Supremo concluyó que el Gobierno debía dar una solución asistencial en centros estatales a estos menores.(NOTICIA EN ELABORACIÓN)
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