El pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez con la Cataluña de Salvador Illa pretende limitar la política de bajada de impuestos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, redoblando así la guerra que mantiene La Moncloa y la administración catalana, sobre todo, con la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, la de Madrid. Así, el documento de tan solo cinco páginas consultado por ABC, especifica que la Generalitat reciba una «financiación adicional por las competencias específicas», y que la «ampliación de la capacidad normativa» de las CC.AA. esté limitada a la baja en «competencia fiscal», desaparezca «el mecanismo de las entregas a cuenta» y, para todo esto, ambos ejecutivos trabajarán «para el desarrollo de la hacienda catalana».No obstante, esta es una medida que ya estaba incluida en la primera oferta que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) hizo llegar a ERC el año pasado, en el marco de la negociación para formar gobierno en la comunidad tras las elecciones del 12 de mayo. Entonces quedó claro que los socialistas catalanes buscaban frenar y, después, revertir las políticas de rebaja fiscal impulsadas por los gobiernos autonómicos del PP, con especial énfasis en la comunidad de Madrid.Noticia Relacionada estandar Si Los españoles han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones desde que gobierna Sánchez Susana Alcelay Regiones como Madrid han seguido el camino inverso: en las dos últimas décadas la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso ha aprobado 144 rebajas fiscalesEn aquel primer documento, tal y como avanzó este periódico, el PSC propuso a ERC «plantear la restauración del impuesto de Sucesiones a escala nacional estableciendo un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas». El «objetivo», sostenían los negociadores del partido que lidera Illa, «es evitar que algunas regiones bonifiquen completamente este impuesto».Es decir, que el Gobierno conseguiría así -si finalmente se obtienen «los apoyos pertinentes» en el Congreso de los Diputados, tal y como ha reconocido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres- imponer ‘topes’ para medidas fiscales como las aprobadas por Díaz Ayuso en Madrid, así como en otras comunidades del PP, como rebajar los tipos autonómicos del IRPF o de Sucesiones y Donaciones, para que sus impuestos no puedan ser mucho más bajos que los que mantiene, por ejemplo, Cataluña.Esta medida en concreto, esperada pues desde hace un año, se ha incluido hoy en el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña sobre un nuevo sistema de financiación autonómica que rompe con el modelo de la caja común de Hacienda, al centrarse en los ingresos generados por las comunidades autónomas en lugar del gasto, aunque sin especificar cifras ni fechas concretas.Noticia Relacionada estandar No Los puntos clave del preacuerdo PSC-ERC con el visto bueno del PSOE Daniel Tercero Los de Marta Rovira publican el documento antes de que sus bases voten el viernesCabe recordar que, precisamente, el pasado mes de febrero, el Gobierno de Ayuso anunciaba que aumentaría del 25% al 50% la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que supondría un ahorro de 140 millones de euros anuales a los madrileños. Una medida que entro en funcionamiento el pasado 1 de julio. Con la modificación , las herencias entre estos parientes verán reducirse a la mitad la cuota resultante del impuesto. Además, las donaciones puntuales entre particulares de hasta 1.000 euros quedarán bonificadas al 100%. “Queremos que la familia sea un pilar y no una carga fiscal”, defendió entonces Carlos Díaz‑Pache, portavoz popular, antes de llevar la medida al Pleno autonómico.Y es contra este tipo de medidas de rebaja de impuestos, que según los socialistas y sus socios de Gobierno «es competencia desleal», por lo que los socialistas catalanes querían ir más allá en un nuevo sistema de financiación ‘singular’ para Cataluña, una «armonización fiscal» que limitara la libertad de las regiones populares para aligerar la carga tributaria de sus residentes y de las empresas que deseen afincarse en sus territorios.El PSC transmitió a ERC promover el establecimiento de «unos límites mínimos y máximos (horquillas) para los impuestos cedidos», de modo que las comunidades autónomas puedan mantener una cierta «autonomía fiscal», pero «respetando unas reglas comunes para evitar grandes diferencias en la carga fiscal entre regiones».
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